Columnas políticas en diarios nacionales

A continuación algunas columnas polí­ticas que aparecen los principales diarios de circulación nacional.

TEMPLO MAYOR
SI YA todo el mundo sabe que "El Chapo" Guzmán vive en Durango, ¿alguien sabe dónde está el gobernador de ese estado?

PORQUE el priista Ismael Hernández Deras olímpicamente se lavó las manos del asunto, pidiéndole al arzobispo Héctor González que si tenía datos los entregara a la PGR. Pero más, no hizo.

NI SE PREOCUPÓ por la seguridad del prelado, ni comentó si él mismo sabía algo al respecto o, peor aún, si ignora que en su entidad vive el narcotraficante más buscado de México.

SEGURAMENTE el gobernador Hernández Deras está preocupadísimo por lo que pasa en su entidad. Tanto que anda en Europa, de gira por tierras españolas.


AL CANDIDATO PANISTA César Nava le entró el espíritu forestal y dejó plantados a los alumnos del ITAM que organizaron un foro sobre asuntos energéticos.

EN EL ENCUENTRO participarían también funcionarios de la Secretaría de Energía y de Pemex, así como el presidente del Partido Socialdemócrata, Jorge Carlos Díaz Cuervo.

SIN EMBARGO, a la mera hora Nava nomás no se apareció en el lugar, pese a que había confirmado puntualmente su asistencia.

¿SERÁ QUE no se quiso topar con Díaz Cuervo que, coincidentemente, es su contrincante por la diputación federal del Distrito XV del DF? Es pregunta para los malpensados.


EN UN SÚBITO arranque de patriotismo, René Fujiwara decidió renunciar a la candidatura plurinominal que Nueva Alianza le había asignado para llegar a la Cámara de Diputados.

¿Y ÉSE QUIÉN ES? Se trata del nieto de Elba Esther Gordillo, la reina del Panal, quien iba en caballo de hacienda derechito a San Lázaro.

SIN EMBARGO, lo que se comenta en el entorno de la profesora es que el muchacho algo hizo -y no debe haber sido algo bueno-, y su abuela decidió quitarle el regalote que le había dado.

DE AHÍ QUE, al renunciar a su candidatura, el joven Fujiwara se lanzara contra los políticos e hiciera un elogio de la lucha desde la sociedad civil.

LO CURIOSO de todo esto es que quien, al parecer, podría salir beneficiado es Reyes Tamez, el ex secretario de Educación del foxismo.

SEGÚN lo que se dice en Monterrey, su nombre es uno de los que más suenan para quedarse con esa candidatura. Por algo es uno de los consentidos de la profesora.


CAMBIOS en la alineación de la dirigencia nacional panista.

EN LOS PASILLOS del búnker de la Colonia Del Valle se dice que Carlos Castillo López, hijo del finado Carlos Castillo Peraza, dejaría el CEN panista y la Fundación Rafael Preciado para sumarse al equipo de Alonso Lujambio en la SEP.

EN TANTO, Lorenzo Gómez Morin Escalante, bisnieto del fundador del PAN e hijo de quien fuera subsecretario de la SEP con Fox, dejaría la Dirección de Estudios Políticos de la fundación albiazul para irse a trabajar a Los Pinos.


A LO MEJOR no se ponen de acuerdo para hacer leyes, pero ni así pierden el buen humor los diputados federales.

CON ESO de que ya se les acaba el periodo ordinario de sesiones y, según ellos, la chamba (aunque sigan cobrando hasta agosto), los legisladores ya tienen un nuevo saludo en San Lázaro.

CUANDO se encuentran por la mañana en los pasillos del Palacio Legislativo, se dan un apretón de manos y dicen: "Menos días, diputado". ¡Ya ni la burla perdonan!



TRASCENDIÓ
Que para darle mayor solidez legal a la participación del Ejército en la lucha contra la narcodelincuencia, el gobierno federal está por enviar al Senado una propuesta de ley de Seguridad Interior, en la que se propone una variante del constitucional “estado de excepción”.

Se prevé una intensa discusión de la iniciativa, ya que implica la posibilidad de que intervenciones militares, como la que actualmente se lleva a cabo en Ciudad Juárez, no puedan, en el futuro, ser materia de comisiones de la verdad o de fiscalías especiales.

Que Germán Martínez, presidente del PAN, se encerró a piedra y lodo para preparar su discurso de hoy en la Conferencia del Episcopado Mexicano.

La pregunta es si también ante la jerarquía católica la emprenderá con todo contra el PRI.

Que a propósito, el presidente Calderón terminó superando al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, en la lucha de porras, abucheos y rechiflas que tuvo lugar ayer en un evento en la ciudad de Córdoba.

Pesó más la investidura presidencial que el factor de jugar como local. Cuando las rechiflas contra Fidel arreciaban, el orador Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, se vio obligado a solicitar a la multitud que se comportara y luego, con un ademán, pidió un aplauso para Fidel. Pero no le hicieron mucho caso.

Que Florence Cassez está ganando batallas hasta hace poco impensables.

Ahora hasta Carmen Salinas ha tomado el micrófono en Aventurera para decirle al público que la francesa es inocente de los secuestros que se le imputan y por los cuales purga una larga condena.

¿Qué pruebas tendrá Carmen?

Que quien terminó anotándose un golazo fue el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Rodrigo Medina, con su proyecto “Playitas a go go”, inspirado en las aguas y arenas populares de Marcelo Ebrard en el DF.

Las playitas, ubicadas al lado del Paseo de Santa Lucía, en una de las zonas más lucidoras de Monterrey, sobrevivieron el plazo original de dos semanas (Santa y de Pascua) y se quedarán hasta el Día del Niño. Por lo pronto.



BAJO RESERVA
Se acaba el tiempo para opositores panistas de Germán Martínez

El tema de la asignación de candidaturas en el PAN da un giro. Erik Porres, ex particular de Manuel Espino, impugnó los tres primeros lugares de cada lista plurinominal, en las cinco circunscripciones. Por supuesto, no es él, sino un grupo amplio que se dice afectado por las decisiones de Germán Martínez. Los 15 primeros lugares en las plurinominales son a los que tiene el derecho el CEN. Lo que se argumenta es que la dirigencia no informó cómo los definiría ni cómo hacer el trámite… como lo marcan los estatutos y se había prometido en la convocatoria del 3 de febrero. Al evadir este procedimiento, Martínez dejó fuera, dicen, por simple desinformación, a los posibles interesados. Porres y el grupo detrás piden que se reponga el procedimiento ahora, antes de que sea imposible designar a otros bajo el procedimiento correcto.


El verdadero problema para los opositores de Germán Martínez es que se les acaba el tiempo. El CEN del PAN registrará este domingo ante el IFE sus candidatos a diputados, de mayoría relativa y plurinominales. Y no moverá a nadie: se quedan el secretario del sindicato del IMSS, Valdemar Gutiérrez; la hermana del gobernador de Aguascalientes, María de Lourdes Reynoso Femat, quien va por la vía plurinominal en el séptimo lugar por la segunda circunscripción; la esposa del gobernador de Querétaro, Marcela Torres Peimbert, y otros a quienes han cuestionado una y otra vez.


Ayer, Humberto Treviño, subsecretario de Comunicaciones, defendió a Ferrocarriles Suburbanos… la empresa concesionaria de la línea de tren que se accidentó y provocó 109 heridos. El funcionario había informado de un seguro individual por 35 millones de dólares la tarde anterior. La empresa corrigió: dijo que el monto era por 30 mdd y cubría todo el evento, no persona por persona. Ayer él dijo que sí había cobertura de responsabilidad civil y seguro de viaje... cuando la empresa había dicho lo contrario. Mínimo, pónganse de acuerdo, ¿no?


Apunte final: Hoy se darán duro en el IFE en el segundo foro de propuestas electorales. Es inevitable: el tema es seguridad pública y justicia y los “gallos” no son menores. Por el PAN va el ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; su segundo será el representante ante el IFE, Roberto Gil. Por el PRI, el senador y secretario general, Jesús Murillo Karam, y el senador Fernando Castro Trenti. Por el PRD irán el senador Graco Ramírez y el representante de su partido, Rafael Hernández. Por Convergencia va el ex secretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero. Cierren las puertas, señores, y hagan sus apuestas…



PLAZA PÚBLICA
(Miguel Ángel Granados Chapa)
Concluye la mediación

A casi un año de formada, cesó ayer el trabajo de la Comisión de mediación (Comed), integrada a partir de una moción del Ejército Popular Revolucionario (EPR) como vía hacia la presentación con vida de dos de sus militantes. La Comed atribuyó su decisión de clausurar su tarea a la actitud del gobierno federal "que sólo ha tenido voluntad declarativa" ante la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Por supuesto, la Comisión no pasa por alto las probables consecuencias de su resolución, entre otras la de que el EPR ponga fin a la tregua que estableció a partir de un pedido expreso de quienes integrarían la Comed, que la consideraron necesaria para su actuación y fue respetada puntualmente hasta ahora.

El gobierno federal adoptó en este proceso una conducta errática. Mostró renuencia inicial a tratar con la Comed, a la que ni siquiera reconocía su carácter orgánico. Cuando al fin lo hizo, encargó la relación con ella a un grupo de trabajo encabezado por el subsecretario de Gobierno Abraham González, y del que formó también parte el comisionado de desarrollo político Alejandro Poiré. Varias veces se reunieron ese grupo y la Comed, estableciendo primero los procesos adecuados a una situación peculiar en que los mediadores sólo hablaran directamente con una de las partes pero con la otra, el EPR, lo hacían sólo a través de comunicados que eran simultáneamente conocidos por el gobierno, los medios y todo quien se interesara en el asunto. Al mismo tiempo, la Comisión estableció contacto con familiares de los desaparecidos y con organizaciones de derechos humanos interesadas en el caso y se trazó un panorama de la situación que la condujo a solicitar, el 14 de agosto, una ampliación del diálogo con el gobierno. Ya no era suficiente hablar sólo con Gobernación sino que era imprescindible hacerlo con otras instancias, principalmente la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República. Con esta última dependencia se había intentado antes un acercamiento con malos resultados. El abogado Juan de Dios Hernández Monge, miembro de la Comed que a pedido de ésta examinaría en la sede de la PGR los expedientes respectivos, no pudo hacerlo a causa de la indisposición de los encargados de facilitar su consulta. Se llegó al extremo de que funcionarios de la PGR proclamaran en tono altisonante que en el interior de ese edificio no regía la Constitución, cuando Hernández Monge la invocó para ahorrarse el trámite, que él consideró riesgoso, de imprimir su huella digital para el efecto de ingresar al inmueble.

El secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño no se reunió en ningún momento con la Comed. Lo hizo su sucesor Fernando Gómez Mont en febrero pasado, cuatro meses después de su toma de posesión. Aunque se trató sólo de un saludo brevísimo, la Comed lo interpretó positivamente por el compromiso que el secretario pareció asumir con el propósito de la Comisión, que no era otro que la presentación con vida de los desaparecidos. Sin embargo, el reemplazo de González Uyeda por Gerónimo Gutiérrez desmintió pronto, para los efectos que concernían a la Comed, ese compromiso.

El nuevo subsecretario pareció partir de la premisa de que los contactos de la Comisión no eran con el gobierno federal sino con personas, y de allí desprendió la noción de que había que recomenzar la relación. En los expedientes de que su antecesor debió proveerlo faltaban documentos clave para la comprensión del tema y su status en el momento en que comenzó a abordarlo. No conocía, por ejemplo, el pedido inicial de ampliación del diálogo, no obstante que ése era el aspecto crucial entre los diversos pendientes. Tampoco estaba a su alcance el documento en que la Comed estableció los temas e interrogaciones a la Sedena, enviado en febrero, con la solicitud de que fuera respondido también por escrito previamente al encuentro con funcionarios de esa Secretaría, si finalmente se realizara en algún momento, pues Gobernación había dicho que sí pero no había dicho cuándo. Finalmente propuso la fecha del 17 de abril, con representantes de las tres dependencias, a diferencia de la solicitud inicial que buscaba encuentros sucesivos en que la información buscada por la Comed se enriqueciera escalonadamente. La Comisión aceptó la nueva modalidad, pero se enteró con desencanto que la reunión se aplazaría y que Gobernación no consideraba un compromiso la respuesta previa por escrito.

Esas fueron las últimas muestras del desinterés, para no calificarlo de otra manera, expresado directamente a la Comed que la condujeron a poner fin a un proceso que dedicó nueve de casi 12 meses a gestionar la ampliación del contacto con oficinas del gobierno, que resultaron inaccesibles. Pero hubo otros muchos modos en que el gobierno eludió su responsabilidad en este caso. El más reciente de ellos fue el fondo y la forma con que respondió a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de este asunto. Contestó de modo casi subrepticio, sin difundir su respuesta, como corresponde al carácter de la recomendación uno de cuyos valores y fundamentos es la publicidad. Aceptó las generalidades obvias contenidas en la recomendación pero rechazó su médula, que es la presentación con vida de los desaparecidos, pues el gobierno porfía en su negativa de conocer su paradero, no obstante la evidencia acumulada en la recomendación.


Cajón de Sastre

La Secretaría de Gobernación reaccionó rápidamente ante la decisión de la Comed explicada en los párrafos precedentes. Notoriamente esa dependencia y la Comisión tienen percepciones diferentes y aun encontradas respecto de sus encuentros. Donde veíamos reticencias el gobierno veía colaboración. La solicitud para ampliar el diálogo presentada el 14 de agosto tuvo respuesta en febrero, pero no se fijó fecha sino hasta abril. Se pidió a la Comisión escoger entre el 17 y el 24 de abril y se eligió la primera, no obstante lo cual se canceló dicha cita y se estableció la no aceptada por los comisionados. Gobernación demandó a la Comed reconsiderar su posición, lo cual seguramente hará el grupo que la integró. Por lo pronto, es satisfactorio que Gobernación dé al público las respuestas a las preguntas formuladas por la Comisión.



INDICADOR POLÍTICO
(Carlos Ramí¬rez)
La revelación de documentos donde se estableció el principio legal de que la tortura era permitida a pesar de violar tratados internacionales fue apenas la punta del iceberg de una nueva fase de actividades clandestinas de la CIA. Faltan por conocerse las cárceles clandestinas que se crearon en el mundo para ocultar a presuntos terroristas.

Un reporte del Parlamento Europeo reveló en junio de 2007 la existencia de cárceles clandestinas de la CIA en Polonia y Rumania, dos enclaves excomunistas de la exURSS ahora dominados por Estados Unidos. Y asimismo, el Parlamento Europeo también descubrió la realización de vuelos secretos con prisioneros excluidos de todos los tratados de derechos humanos.

Asimismo, el debate centrado ahora en la tortura de prisioneros y básicamente en la autorización del Departamento de Justicia de Bush para aplicar la asfixia en agua o con bolsa de plástico fue apenas una de las tantas técnicas utilizadas por expertos de la CIA y del Departamento de Defensa. Las revelaciones sobre las torturas en la cárcel de Abu Ghraib mostraron la violación de las creencias religiosas de los presos musulmanes.

El problema de fondo fue el reconocimiento del gobierno de Bush y ahora de Barack Obama de que en todo momento el uso de la tortura se hizo a partir de una doctrina. En junio de 2007, al darse a conocer la larga lista de actividades ilegales de la CIA en un reporte conocido como "Las Joyas de la Familia", el entonces director de la CIA de Michael Hayden explicó el principio doctrinario del uso de la tortura: actuar "en nombre de los estadounidenses". Al perdonar las torturas de la CIA contra presuntos terroristas, el presidente Obama afirmó que los espías actuaban "con los valores americanos".

La CIA se ha convertido en el símbolo nefasto de la guerra fría. Creada para combatir el expansionismo ideológico de la Unión Soviética, derivó en aparato operativo de actividades clandestinas para justificar intervencionismos de la Casa Blanca. En 1984, por ejemplo, el director de la CIA de Reagan, William Casey, ordenó la redacción de un documento sobre México que justificara una ofensiva de Washington contra México. El encargado del reporte, el analista John Horton, se negó a hacer documentos tergiversados. Y a principios de 1985 reveló, en un artículo publicado en el The Washington Post, que la CIA fabricaba reportes para avalar intervenciones.

La revelación de actividades ilegales de la CIA comenzó en diciembre de 1974 con un reportaje publicado en la primera plana del The New York Times por el periodista Seymour Hersh, donde denunciaba que la CIA había violado las leyes al realizar operaciones dentro de EU y señalaba que había espiado a disidentes de Nixon. La presión llevó a dos comisiones del Senado contra la CIA, la Church y la Rockefeller, y a la revelación de que la CIA había recibido autorización presidencial de Kennedy y Nixon para asesinar a políticos y derrocar gobiernos.

El presidente Obama ha quedado atrapado en la realidad de las operaciones clandestinas de la CIA. El martes de esta semana, presionado por el efecto negativo de la desclasificación de documentos del Departamento de Justicia que autorizaban a la CIA a torturar a presuntos terroristas, Obama hizo su primera visita formal a las instalaciones de la CIA en Langley, Virginia, cruzando apenas el Potomac, y ofreció su "total apoyo" a la CIA y a sus agentes. Y lo hizo con una afirmación que revalidó la doctrina Bush: "voy a proteger su trabajo con la misma energía que ustedes defienden el país".

El espaldarazo de Obama a la CIA fue una decisión para lavar el rostro de la agencia manchado por el uso de torturas. Inclusive, el debate ha sido una muestra del absurdo: a la CIA le acreditan el concepto de "asfixia simulada". Los expertos del Departamento de Justicia exculparon el hecho con el argumento de que el uso de la asfixia llevaba a una simulación de la muerte y que no causaba daños permanentes en los detenidos. Sin embargo, los torturados sí padecían la asfixia -y nada simulada-, es decir, eran ahogados hasta el borde de la muerte. Asimismo, se autorizó a agentes de la CIA a "lanzar contra la pared a detenidos", sin reconocer que ahí sí había daños permanentes. Y al romperles la rutina de la comida, el sueño y el uso de sus extremidades, los detenidos padecieron atrofia.

La justificación de la CIA, avalada ya por el presidente Obama, fue en el sentido de que los terroristas tenían a su favor el respeto a las garantías individuales que les otorgaban las leyes y que así no podía obtenerse información. La CIA aceptó, ahí, su fracaso como agencia encargada de recopilar información. Al final, la tortura tiene la función de destruir al adversario y encarecerle sus tareas agresivas, no de obtener información bajo presión que no siempre es confiable.

El aval de Obama a la CIA y la decisión de no penalizar el uso de la tortura representó una de las definiciones políticas más importantes del presidente Obama. La CIA continuará con sus actividades, a partir de la certeza de que sus excesos no serán castigados. Lo malo del asunto es que Obama mantuvo la doctrina Bush de combatir a los terroristas con las armas de la ilegalidad. La CIA puede seguir operando con el apoyo del presidente de Estados Unidos.



ASALTO A LA RAZÓN
(Carlos Marín)
Corrieron los mediadores

A solicitud del EPR, hace casi un año nació una comisión (erróneamente nombrada “de mediación”) cuyo objetivo era realizar gestiones ante el gobierno federal para la localización y presentación con vida (idealmente, claro) de dos dirigentes de la organización armada.

La integraron: Rosario Ibarra, Enrique González Ruiz, Gilberto López y Rivas, Miguel Ángel Granados, Juan de Dios Hernández, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz.

Ayer, los siete resolvieron “poner fin a nuestra misión, en virtud de que el gobierno federal sólo ha tenido voluntad declarativa para enfrentar la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez”, y hasta porque “el tema perdió presencia incluso mediática…”.

¡Ah, chingá!

Periodísticamente, lo único sobresaliente de la comisión es que pidió ser coadyuvante del Ministerio Público, que se le hizo caso, y que se echó para atrás.

De pilón: que los comisionados pidieron a Gobernación hablar también con el Ejército, la PGR y el Cisen; la cita se hizo para el viernes próximo y, ¡zaz!, dieron muerte a su “misión”.