Columnas políticas en diarios nacionales

A continuación algunas columnas polí­ticas que aparecen los principales diarios de circulación nacional.

TEMPLO MAYOR
NI QUIÉN ENTIENDA a los muchachos de la PGR: promueven la denuncia anónima y hasta ofrecen grandes recompensas, pero cuando hay una denuncia pública ¡no hacen nada!

RESULTA EXTRAÑO, por no decir sospechoso, que los sabuesos de Eduardo Medina Mora se hagan los remolones ante la denuncia del arzobispo Héctor González, en el sentido de que Joaquín "El Chapo" Guzmán vive en Durango.

DICEN QUE no pueden hacer nada si el prelado no presenta una denuncia formal, pero se les olvida que "El Chapo" es un prófugo de la justicia, que se escapó de un penal de máxima seguridad y que, por lo mismo, se supondría que su búsqueda es permanente y no sujeta al "a ver quién nos dice dónde encontrarlo".


PARA COLMO, ya también salió el ex procurador Jorge Carpizo a echarle más leña al fuego de la polémica, diciendo que el arzobispo actuó de buena fe, pero de manera indebida.

SEGÚN el ex titular de la PGR, el sacerdote debió acudir a la dependencia y comentar el asunto en privado... no desde el púlpito.

POR LO VISTO a Carpizo se le olvida que hace algunos años el entonces nuncio Girolamo Prigione les avisó a él y a Carlos Salinas -en privado como le gusta a Carpizo- que tenía a los hermanos Arellano Félix en la Nunciatura.

¿Y QUÉ HICIERON Carpizo y Salinas? Nada, los dejaron ir. ¡Qué memoria, doctor!


A VER si no terminan echando a Germán Martínez por la borda, como ceviche para los tiburones.

Y ES QUE, según dicen algunos senadores panistas, el almirante Francisco Saynez anda poquito más que molesto con el dirigente nacional del PAN.

SEGÚN lo que cuentan los legisladores albiazules, el motivo de la molestia del secretario de Marina es el incumplimiento panista de incluir a un miembro de la Armada en las listas de candidatos a diputados.

POR TRADICIÓN, las Fuerzas Armadas tienen una "cuota" de legisladores, por lo que Saynez propuso como candidato al capitán Víctor García Macedo (muy cercano al secretario, por cierto).

CUENTAN los senadores que Germán le pidió al secretario que cabildeara la diputación directamente con Felipe Calderón, y que el Presidente habría palomeado el nombre del militar.

SIN EMBARGO, ya salieron las listas y el capitán no aparece en ninguna circunscripción, lo cual habría provocado el enojo del secretario de Marina.

HABRÁ QUE PREGUNTARLE a Germán Martínez si es cierto que el Presidente estuvo palomeando listas de candidatos a diputados.

Y SI FUE ASÍ, la segunda pregunta sería: ¿por qué no obedeció esa orden? ¿Qué acaso en el PAN donde manda capitán, gobierna marinerito?


VOCES DE ALARMA y caras de preocupación se vieron ayer en el Centro Fox.

CUENTAN QUE el hombre de las botas abandonó intempestivamente una reunión y cayó en cama, ante la incertidumbre de sus más cercanos, incluida Marta Sahagún.

AL PARECER en los últimos días la ha pasado muy mal, luego de que los locos diputados -como los llamó- se negaron a aprobar las cuentas públicas del gobierno foxista.

HABRÁ QUE estar al pendiente de cómo evoluciona Vicente Fox. Ojalá y sea sólo un retortijón por andar comiendo aguacate al hacer corajes.



TRASCENDIÓ
Que, pese a lo que se dice, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, goza de excelente salud.

No sufrió “preinfartos” ni “ataques al corazón”, sino un “leve problema cardiaco en el año 2000”.

Quien tenga un expediente médico que diga lo contrario, que lo muestre.

Que, hablando de Lujambio, hoy se reunirá con la maestra Elba Esther Gordillo y el secretario general del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán.

Los tres llegarán con la intención de limar cualquier aspereza heredada de los tiempos de Josefina Vázquez Mota.

Que los “votos de silencio” del arzobispo de Durango, Héctor González, respecto al supuesto paradero del Chapo Guzmán (con la expresión “soy mudo, soy mudo, soy mudo…”, serán secundados por los demás dignatarios eclesiásticos.

El Chapo podrá seguir durmiendo tranquilo.

Que el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, utilizado como punta de lanza de la contraofensiva para responder al PAN, publicará quincenalmente en su página de internet y en Youtube una sección denominada “La arena política de México”, en la que aparecerán sucesos del “sexenio perdido” de Vicente Fox y las “incongruencias del señor Martínez”, en alusión al líder nacional del PAN, Germán Martínez.

Que la tristeza que pudiera sentir el entrenador del América, Jesús Ramírez, tras la derrota ante las Chivas, podría compensarse con otras noticias.

Una es la detención de Óscar Cuevas Guerrero, integrante de la banda que en diciembre pasado entró a robar su casa, en Topilejo, delegación Tlalpan.

La otra es que un juez está por cerrar la instrucción en el caso de Jonathan Ledezma Ávila, El Reynos, otro implicado en el caso. Sólo falta un peritaje para que el juez dicte sentencia.

Que a pesar de que en el 01800 911 2000 se reciben constantes quejas contra restauranteros que permiten que se fume en áreas cerradas, en flagrante violación a la Ley General de Control del Tabaco, ninguna ha sido turnada a las oficinas de la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios.

Diversas organizaciones civiles ya preparan sus alegatos para exigir a Justino Regalado, comisionado nacional para el Control del Tabaco, una explicación sobre su falta de rigor para turnar las quejas.



BAJO RESERVA
El caso de Miguel Ángel Jiménez no es menor, mucho ojo

Un asunto para la comisión especial de la Cámara de Diputados o para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales: Miguel Ángel Jiménez sigue siendo el director de la Lotería Nacional. La “suspensión” en la que él mismo se declaró sólo pudo ser promovida por uno de los poderes y, en este caso, sólo por el presidente de México, Felipe Calderón. Este hombre, sobre el que pesan acusaciones de desvío de recursos públicos para favorecer la campaña política del PAN en 2009, sólo podía renunciar o pedir licencia. Eso dice la ley. El artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece: “Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización de la Cámara de Senadores, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución (…)”. El caso de Jiménez no es menor. Mucho ojo.


Es este martes. Los diputados de oposición tratarán de traducir la revisión de las cuentas públicas de Vicente Fox Quesada en un desfile-comparecencia de ex secretarios de Estado del anterior gobierno panista. Seguramente los acusarán de corruptos, negligentes o ineficientes. Harán todo para llevarlos al escarnio público por varios casos: desde la biblioteca Vasconcelos hasta Enciclomedia. Quizá los mueva, sí, el hecho de que estamos en medio de un proceso electoral definitorio. Pero lo que es seguro es que los desaciertos y los agravios a diestra y siniestra que ha dado Fox en estos dos años alimentan los enconos y son el pretexto ideal para que sus opositores lo lleven a la crucifixión. Ya ve: el domingo no bajó a los diputados de “tontos” y “locos”.


Nos dicen que el PRI en el Senado ya se cansó de esperar la respuesta del Ejecutivo federal en el caso Banamex-Citibank. Solicitaron que se les informe si el boletín de prensa que emitió Hacienda, por el que dio el aval para el funcionamiento del banco con la actual composición accionaria, es la posición oficial del gobierno. Pues ahora, señalan, promoverán una controversia constitucional ante la Corte para que los ministros decidan si es legal o no que Estados Unidos tenga dinero en Banamex.


Apunte final: No sólo para la concesionaria, sino también para las autoridades, la gente es sólo un flujo de efectivo. ¿Quién autoriza concesiones como ésta, en la que el seguro no cubre a quienes van adentro del carro del tren? ¿Cómo que si la Cruz Roja o el Seguro Social levantan a los heridos del piso, como seguramente sucederá cada vez que choquen los trenes, a ésos ya no los cubre el seguro? Qué vergüenza, de verdad. Lo dicho: por la gente no ve nadie.



PLAZA PÚBLICA
(Miguel Ángel Granados Chapa)
Iglesia y narcotráfico

Miembro del Episcopado desde 1982 (cuando fue designado obispo de Campeche) el hoy arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, no figuró nunca en el centro de la reunión de sus iguales, como acontece ahora, en la 87 asamblea de la Conferencia episcopal mexicana, iniciada ayer lunes.

No es para menos. Apenas el viernes, en tono desenfadado y como quien no quiere la cosa, el prelado lanzó una pista sobre el paradero de Joaquín Guzmán Loera, apodado El Chapo. Al bocetar una geografía del narcotráfico, refiriéndose a los municipios donde se presenta esa actividad delictuosa, dijo que más allá de Guanaceví radica uno de los narcotraficantes más buscados. Tanto, que se enriquecería quien ofreciera datos precisos, no sólo esbozos como los ofrecidos por el arzobispo, que condujeran a la detención de El Chapo. Está vigente un ofrecimiento de 5 millones de dólares hecho en diciembre de 2004 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Más lenta y remilgosa con el dinero que administra hace apenas un mes la Procuraduría General de la República tasó en 30 millones de pesos la información que lleve a ese mismo propósito. Ningún cazarrecompensas ha sido tan osado como para lanzarse en pos de Guzmán Loera, ni ha sido tan poderoso ese incentivo para alentar una traición, acaso porque los subalternos de El Chapo saben con claridad a qué se atienen si fueran infidentes y se les descubriera en el lance.

Al día siguiente de lo dicho por el arzobispo en una conferencia de prensa convocada para denunciar riesgos del clero en las comarcas de mayor presencia del narcotráfico, los medios locales se guardaron muy bien de reproducir su referencia a El Chapo. Los periódicos editados en la Ciudad de México que llegan a Durango por aire no salieron del aeropuerto. No se sabe quién impidió su distribución. El único medio disponible en la capital de aquel estado con la información sobre el jefe del Cártel de Sinaloa fue el diario regiomontano El Norte, cuya edición llega por tierra a Durango.

¿Qué poder tiene los alcances para evitar la difusión de una información de esa naturaleza, emitida por un personaje central en la vida duranguense como es un arzobispo? Cabe imaginar que el gobierno -local o federal, o ambos- ejecutó esa acción silenciadora. Es posible imaginar al gobernador mismo telefoneando a los medios para solicitar su cooperación a fin de no afectar la imagen del estado, o al delegado de la PGR actuando en igual sentido pero con el propósito de que no se echara de ver la negligencia señalada no sin ironía y aun sarcasmo por el arzobispo: "todo el mundo lo sabe, menos la autoridad", dijo al situar la presencia del jefe de delincuentes.

También pudo ocurrir que las acciones para impedir la difusión de lo dicho por el más alto jerarca de la iglesia católica en Durango fueran realizadas por el narcotráfico mismo, a efecto de conservar el beneficio de la abulia gubernamental denunciada de modo indirecto por González Martínez. O pudo ser una combinación de ambos poderes lo que generó el efecto de que en Durango no se supiera de lo dicho por el pastor de la numerosa grey católica en la entidad. El hecho es que el resultado intimidó al propio declarante: el domingo buscó atenuar el sentido de su dicho, atribuyéndole carácter de información del dominio público, de la que él está en posesión por su ejercicio pastoral, por lo que le dice la gente común en sus visitas a las parroquias de la arquidiócesis.

Aunque sólo es arzobispo desde hace seis años, González Martínez conoce bien el territorio que administra porque nació en él, en él se formó y durante 20 años realizó labores allí, como párroco en Canatlán y como profesor y rector del seminario arquidiocesano. Estuvo fuera desde que se le nombró obispo de Campeche, luego coadjutor de Oaxaca y finalmente arzobispo de esa circunscripción, en reemplazo de don Bartolomé Carrasco. Aunque no faltaron sacerdotes que resintieron el conservadurismo de González Martínez, que rehusó continuar con la opción preferencia por los pobres que había auspiciado su predecesor, don Héctor mereció del Vaticano la gracia de retornar a Durango a gobernar a los suyos.

Desde ayer habrá estado en el centro de la atención de sus compañeros obispos y de los medios. Su reciente protagonismo y el crecimiento de los riesgos del clero en varias entidades (Chihuahua, el DF, el propio Durango, México, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) ha de obligar al Episcopado a organizar y expresar una actitud coherente sobre el narcotráfico, no sólo en términos de su propia regulación sino como uno de los poderes fácticos. Si la Iglesia se limita a amenazar a los delincuentes con la excomunión, su contribución al combate contra la violencia asociada a las drogas será exigua o ninguna pues, como resultado de su propia indolencia en la formación de una espiritualidad profunda, la mayor parte de los fieles no concede valor sustantivo alguno a una sanción de ese género, decretada conforme a un derecho canónico que nadie conoce porque no es parte de una realidad vivida cotidianamente.

No ha faltado obispo que reconozca las dádivas recibidas por el clero de los narcotraficantes y hasta el mismísimo presidente de la CEM ahora reunida ha admitido el beneficio social que en las comunidades donde dominan generan los amos de la droga. Es un momento oportuno para acabar con esas candorosas actitudes y formular una vigorosa doctrina contra el narcotráfico y su violencia.


Cajón de Sastre

Pasado mañana, jueves 23, se realizará la asamblea general de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Concluyen los dos años de la presidencia de Javier Corral, que en Amedi prolongó su lucha a favor de la reforma de los medios, emprendida en los nueve años en que fue diputado y senador. Se ha registrado la candidatura de Raúl Trejo Delarbre para sucederlo, y la asamblea decidirá lo que corresponda. Trejo Delarbre es licenciado en periodismo, maestro en ciencias de la comunicación y doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional. Se formó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es, simultáneamente, un periodista y un investigador, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ha escrito libros de gran importancia como La sociedad de la información y sus laberintos.



INDICADOR POLÍTICO
(Carlos Ramí¬rez)
En lo que se considera como la primera severa crisis de expectativas, el presidente Barack Obama decidió no castigar las torturas realizadas por la CIA a prisioneros sospechosos de terrorismo. Con ello, Obama validó la vigencia de la ley patriota de George Bush que viola derechos humanos contra sospechosos de terrorismo.

Con esa decisión, Obama quitó valor político y social al cierre de la prisión antiterrorista en Guantánamo, Cuba. Una de las principales críticas a Bush por el endurecimiento legal después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 fue precisamente la autorización para el uso de la tortura en interrogatorios. Guantánamo y Abu Ghraib fueron desacreditados no por ser prisiones para albergar sospechosos de terrorismo, sino por la aplicación de torturas a presuntos terroristas.

La decisión del presidente Obama puso punto final a la presión social para castigar el uso de la tortura dentro de las posibilidades de la ley patriótica. Bush y sus asesores de la línea dura, sobre todo el vicepresidente Dick Cheney, autorizaron técnicas de tortura que en el pasado EU había aconsejado a países del tercer mundo para combatir la insurgencia. Y no se trataba sólo de la tortura psicológica, sino de tortura que lastimaba el cuerpo de los detenidos.

Por ejemplo, la principal tortura que se aplicó a sospechosos de servir a terroristas fue la de la asfixia en dos variantes: con bolsas de plástico sobre la cabeza de los detenidos o sumergiéndoles en vasijas de agua. En México esta técnica se conoció como la del "submarino seco" y del "submarino mojado". Para terror de las buenas conciencias estadounidenses, funcionarios de la CIA y del Departamento de Justicia aplicaron torturas agresivas contra prisioneros.

La argumentación del gobierno de Obama causó más efecto negativo que la aceptación de la tortura. El fiscal Eric Holder, amigo personal de Obama y primer afroamericano en ejercer el cargo de secretario de Justicia, dijo que "sería injusto procesar a los entregados hombres y mujeres que trabajaban para proteger a América por una conducta que fue autorizada por el Departamento de Justicia (de Bush)". Y una declaración de la Casa Blanca fue también de humor negro: "es hora de reflexionar y no castigar".

La sociedad estadounidense crítica, la que acusó a Bush de violar los derechos humanos de detenidos, quedó pasmada ante la argumentación de Obama. Porque se trató de una posición de Estado que equiparó al gobierno de EU con prácticas de la Federal de Seguridad en México o de los criminales militares argentinos que masacraron a la disidencia o de Pinochet y compañía en el aplastamiento violento de la izquierda socialista de Allende.

El gobierno de Obama liberó varios textos del Departamento de Justicia donde se establecía la necesidad de aplicar técnicas más radicales para impedir que los sospechosos se protegieran detrás del laxo sistema de justicia y de respeto a las garantías individuales. La ley patriótica de Bush se convirtió en el instrumento de violación de los derechos humanos. Obama ordenó el cierre de la prisión de Guantánamo, pero careció de poder, decisión y firmeza para castigar a los torturadores. Y de hecho mantiene vigente la ley patriótica que, por cierto, se aprobó con el voto del entonces senador Obama.

El centro del debate se redujo a la CIA, una oficina creada para la recopilación de información para la elaboración de informes de inteligencia. Sin embargo, la CIA se convirtió en el ejército privado del presidente para derrocar gobiernos e inclusive asesinar a jefes de Estado o de gobiernos no afines a los intereses de EU. Hoy la CIA apareció como la cámara de torturas de EU, con la autorización del presidente George Bush y el perdón del presidente Barack Obama.

La información no debiera sorprender. El gobierno, la CIA y el Departamento de Defensa siempre han estado vinculados a la tortura, sólo que para exportación con asesores. Los primeros asesores en Vietnam fueron torturadores. Y el cineasta Costa-Gavras, en 1972, recuperó en Golpe de Estado la historia de Dan Mitrione, un asesor en torturas de EU, con el disfraz de la Agencia Internacional de Desarrollo, que estaba capacitando a militares uruguayos en la tortura a disidentes y que fue secuestrado y asesinado por la guerrilla en 1970.

A los reportes liberados por Obama se une un extenso memorándum de la Cruz Roja Internacional "estrictamente confidencial" de febrero de 2007, publicado por The New York Review of Books, en el que se denuncian las torturas de la CIA a prisioneros. La lista de acusaciones es reveladora de la conducta criminal de la agencia de espionaje en su fase operativa: asfixia bajo el agua, estrés provocado por estar bajo una posición permanente, estrangulamiento por collar, pegar y patear, confinamiento en una caja, desnudo prolongado, privación de sueño y música alta, exposición a temperaturas bajas/agua fría, uso prolongado de esposas y grilletes, amenazas, rasurado forzoso y privación o restricción de alimentos sólidos.

Pese a todo y a la petición en algunos medios para enjuiciar a los responsables, Obama decidió darle carpetazo a la peor herencia de Bush. Lo malo es que Obama consiguió muchos votos por la promesa de investigar, castigar y eliminar la tortura. Pero ahora sabe que el abogado Obama casi considera héroes a los torturadores de la CIA y asume la doctrina Bush de que la tortura se aplicó para proteger a EU.



ASALTO A LA RAZÓN
(Carlos Marín)
Las profecías de Fox

La oposición diputadil no pudo escapar al maleficio: “Me van a extrañar…”, predijo Vicente Fox, y en San Lázaro no solamente lo añoran, sino que se hace todo lo posible por verlo de nuevo en los tablados de la política.

En sesión plenaria, al conseguir la desaprobación de las cuentas públicas (de los tres poderes de la Unión) durante el foxiato (por lo pronto las de 2002 y 2003), la mayoría de legisladores que no son panistas cometió la perversidad de cacarear como “defraudaciones” las “irregularidades” que halló la Auditoría Superior de la Federación (algo común, que suele ser aclarado sin mayor problema).

Para consumar el hecho bastaron 179 opositores, contra 165 panistas y aliancistas (en San Lázaro cobran 500 diputados).

Los defraudadores, reviró Fox, son sus acusadores, que con financiamiento público han becado por años comisiones incapaces de probar las raterías que le vienen imputando a él y a su familia.

“Ya tragaron camote”, les recordó el dicharachero ex, y les propinó una factible profecía: “Lo volverán a tragar…”.

¡Claro que se le extrañaba!