Columnas políticas en diarios nacionales

TEMPLO MAYOR

LAS CLASES de la profesora Elba Esther Gordillo están rindiendo frutos... ¡pero en su contra!

RESULTA QUE allá en Nuevo León, un grupo numeroso de maestros inconformes con la dirigencia del SNTE quieren seguir el ejemplo de la maestra y están en proceso de crear un nuevo partido político local, al que llamarán Libertad.

Y NO SE TRATA de un asunto menor, pues echándole números esto significaría que en aquel estado el partido Nueva Alianza vería mermada su estructura en una cuarta parte.

DE HECHO, se dice que este grupo de maestros disidentes ya entabló pláticas con el candidato panista a la gubernatura, Fernando Elizondo, para sumarse a su campaña, aun sin el membrete de un partido.

CON LA EXPERIENCIA que adquirieron bajo las órdenes de Elba Esther, los "libertarios" aseguran contar con unos mil operadores electorales, los cuales -según presumen- mueven el día de la elección entre 20 y 30 votantes cada uno.

AHORA nomás falta saber si los "servicios" de estos maestros son similares a los de los elbistas: lo mismo... ¡pero más baratos!


SI EN las próximas semanas siente que los gobernadores andan del tingo al tango, como si trajeran pica-pica en los zapatos, no se espante que no es una enfermedad incurable: es la fiebre electoral.

DE AQUÍ al 2 de mayo se verán constantemente cortes de listones de obras (aunque no estén terminadas), entrega de hospitales (aunque no tengan ni curitas), apertura de escuelas (aunque les falte hasta el pizarrón) y un sinfín de inauguraciones más.

Y TODO PORQUE después del 2 de mayo, fecha en que arrancan las campañas federales, los gobernantes estarán obligados por ley a evitar cualquier acto que parezca promoción de su gobierno.

ASÍ QUE, agárrense, que esto apenas comienza.


SI ALGUIEN está aburrido del mediocre futbol nacional y quiere ver algo realmente emocionante, vale la pena que le siga la pista a la contienda interna del PRI en Sonora.

POR UN LADO está Alfonso Elías Serrano, considerado el favorito del gobernador Eduardo Bours; y, por el otro, están los llamados "cuatro fantásticos" que pelean por ganarle la candidatura.

ESTA CONTIENDA se está poniendo cada vez más interesante, pues ya no son cuatro sino "tres fantásticos", toda vez que el diputado federal Carlos Ernesto Zataráin González declinó a favor del alcalde con licencia, Ernesto Gándara.

CON ESTO Gándara se perfila como el finalista, junto con Elías Serrano, en la pelea por la candidatura, en una competencia que se antoja más emocionante que la propia elección para gobernador.


QUIENES VIERON ayer a Lance Armstrong en Oaxaca, dicen que traía cara de que hubiera visto una bicicleta con ruedas cuadradas.

Y NO, no fue porque le haya tocado compartir el podio con el gobernador Ulises Ruiz o con el titular de la Conade, Carlos Hermosillo.

LO QUE lo tenía desconcertado era que, para dar la salida a los ciclistas de la Vuelta México tuvo que hacerlo ¡con una bandera a cuadros!

SU DESCONCIERTO obedecía a que ese tipo de banderas se usan en el automovilismo, no en el ciclismo, y además son para ¡la meta!, no para el inicio de la carrera.

Y SI ALGUIEN SABE de lo que es una carrera ciclista internacional es, sin duda, el siete veces ganador de la Tour de France que, al final, se resignó a dar el banderazo con ese trapo.


TRASCENDIÓ
Que un misterioso documento sin firma circula por el Senado. Versa sobre la situación jurídica de Banamex, tras la inyección de capital que hizo el gobierno de Estados Unidos a Citigroup.

El documento, que al parecer no es muy sólido en lo jurídico, es tajante en su conclusión: Banamex no puede seguir operando si Citigroup recibe dinero de un gobierno extranjero.

Lo más interesante es que el documento parece traer la huella de una “rosa espinosa” del Banco de México.

Que el presidente Calderón estará presente la próxima semana en la comida en la que el ex propietario de Banamex Alfredo Harp hará un balance de los logros de su fundación.

Trascendió que en Los Pinos nunca descartaron la asistencia del Presidente a dicho evento, aun sabiendo el vendaval de especulaciones que desatará en pleno auge de la polémica Banamex-Citigroup.

Que la jerarquía del PRI no saldrá a responder las nuevas descalificaciones que el presidente del PAN, Germán Martínez, subió ayer a la página oficial de los blanquiazules en internet.

Los tricolores le aplicarán a Germán la máxima de no polemizar con quien va bien atrás en las encuestas.

¿Aguantarán?

Que hablando del PAN, los ajustes de cuentas están a todo vapor en el Distrito Federal. Por lo pronto, la presidenta Mariana Gómez del Campo destituyó a Agustín Castilla y Jorge Triana como representantes del partido ante el Instituto Electoral capitalino.

Serán reemplazados por los diputados locales Kenia López y Jacobo Bonilla.

Kenia, por cierto, ocasionó la primera multa electoral al PAN del DF, de 282 mil pesos, por violar distintas disposiciones.

Que la directora del DIF nacional, Cecilia Landerreche Gómez Morín, se quedó atónita cuando le preguntaron si el concepto de familia podía abarcar a las parejas homosexuales.

“Lo que diga la ley, lo que diga la ley”, contestó ante la insistencia. Fue todo. Cecilia buscó una rendija y se fue a toda velocidad cuando empezaban las preguntas sobre el tema de Casitas del Sur.


BAJO RESERVA
Gobierno federal y GDF: que sigan de pleito pero que cuiden el aeropuerto

Un día el mensaje es que se dan la mano. Y el otro, que se la muerden. ¿La realidad? Es un juego de estira y afloja que no deja de ser tensión. Observe ayer: el gobierno federal y el del DF, obligados por la inseguridad, presentaron un programa para vigilar el aeropuerto capitalino. Marcelo Ebrard se aventó la de “se trata de que hagamos causa común”. Pero cada instancia hizo su ceremonia: a las 8 am, en el Palacio del Ayuntamiento, fue la de Marcelo; a las 11, en la Terminal 2 del Aeropuerto, la federal. Esta relación tirante se antoja para siempre. Vienen las elecciones intermedias y estarán distanciados; luego Felipe Calderón empezará su segunda mitad, y después se dará el banderazo para las presidenciales. Cualquier ciudadano dirá: que sigan de pleito, ¿qué más da?, pero que cuiden el aeropuerto, la economía, la seguridad de las calles; que atiendan la falta de agua, de empleo; que generen progreso y abatan la corrupción. Lo demás es lo demás: pura grilla palaciega.

Nos dicen que el gobierno de México “hará lo que sea necesario” para que el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito “quepa” en el esquema que ha decidido: que aunque el gobierno de EU amplíe su capital en Citigroup, no sea necesario vender Banamex. Es decir, que ese artículo sea interpretado de manera que no haya dudas de que es legal que el banco tenga una participación tan amplia de extranjeros. En Nueva York, nos dicen, se rumora que el equipo de administración de Vikram Pandit, presidente del grupo, será sustituido, y que se están viendo los pros y contras de que él mismo se quede.

Y sin embargo, el PRD se mueve. La encuesta para la ALDF de EL UNIVERSAL dice que en nada afectaron los escándalos del último año. El PRI, que avanza en todo el país, se pregunta: ¿qué hace el PRD bien? Más sólidos en las periferias, con ganas de cercar la capital, los priístas están echando la carne al asador en los municipios conurbados. Ayer se registró para la presidencia municipal de Neza Edgar Cesáreo Navarro, atleta paralímpico, ganador de más de 100 medallas en diversas justas deportivas de atletismo y ciclismo, poseedor de seis récords nacionales, siete panamericanos, dos mundiales y uno olímpico. Quieren que sustituya al perredista Víctor Manuel Bautista. ¿Será?

Apunte final: El procurador Eduardo Medina Mora regañó a los medios que hacen “apología” de “los logros” del narco. Seguramente se refiere a los pocos que publican de estos temas; la mayoría no lo hace por seguridad... que él no garantiza.


PLAZA PÚBLICA
(Miguel Ángel Granados Chapa)
La libertad de Zorrilla
Los jueces federales que ampararon al ex director federal de seguridad, condenado por el homicidio de Manuel Buendía, no ordenaron en sus sentencias dejarlo en libertad y sin embargo está libre como si las resoluciones incluyeran tal orden

Una confusión espontánea o inducida, negligencia burocrática o el torcimiento de una sentencia de amparo puede ser la causa de que José Antonio Zorrilla esté libre.

Después de negarla inicialmente, y de haber impugnado la sentencia del juicio de garantías que protegió a Zorrilla, el secretario de gobierno del Distrito Federal José Ángel Ávila terminó ordenando que el ex director federal de seguridad, condenado por el asesinato de Manuel Buendía quedara en libertad mucho antes de cumplir la sentencia que se le impuso por ese delito. Suponiendo que el juez de distrito y los magistrados que concedieron amparo a Zorrilla lo habían hecho contra la ley, impugné su conducta en este mismo espacio el 20 de febrero (y en el semanario Proceso dos días más tarde). Por ello, a los lectores y a los propios miembros de la judicatura a quienes no cité por sus nombres debo una disculpa que ahora mismo solicito. Solicité al gobierno capitalino el oficio de liberación y en respuesta se me anunció el envío de una tarjeta informativa sobre el caso que no llegó hasta el momento de cerrar la redacción de esta columna, no obstante que extendí el término más allá de lo admisible.

Por lo menos dos veces antes, en el gobierno anterior, Zorrilla había solicitado el beneficio de la libertad anticipada, que le fue negada en una y otra ocasión. La tercera vez ocurrió el 22 de de octubre del año pasado. En esta oportunidad la negativa se fundó en que del expediente formado por la Dirección ejecutiva de sanciones penales se concluyó que el solicitante no reunió los requisitos prescritos. La ley de ejecución de sanciones penales del Distrito Federal distingue tres modos de libertad anticipada: el tratamiento preliberatorio y la libertad preparatoria, que no pueden ser concedidos a los sentenciados por homicidio calificado (que es el caso de Zorrilla); y la remisión de pena, que supone el cumplimiento de dos tercios de la condena (pues se canjea por libertad un día por cada dos de trabajo) y demanda la convicción de la autoridad de que el solicitante se haya "efectivamente readaptado".

Zorrilla demandó amparo el mismo 22 de octubre en que fue expedida la negativa y el ocho de diciembre se le otorgó la protección de la justicia federal para el solo efecto de que el documento respectivo fuera emitido de nuevo, ya sea en el mismo sentido o en otro, pues dejó a la autoridad responsable (la secretaría de gobierno) en plenitud de jurisdicción y sólo se le obligó a que fundara y motivara la decisión, requisitos del artículo 16 constitucional ausentes en la emisión de la negativa.

La propia secretaría general, inconforme con la resolución del juez octavo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, demandó la revisión de la sentencia. Y en la segunda instancia que de ese modo se abrió, el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito (con sede también en el DF) confirmó la sentencia del juez que había hecho notoria la falta de fundamentación y motivación de la negativa inicial. El secretario de gobierno argumentó que el dictamen del consejo técnico interdisciplinario del reclusorio oriente, que declaró a Zorrilla "apto para obtener el beneficio preliberatorio "no vincula" (es decir, no es obligatorio) ni a la Dirección ejecutiva de sanciones penales de esta ciudad, que propone lo concerniente a la concesión o no de los beneficios" respectivos ni al secretario de gobierno "que aprueba, modifica o revoca la respuesta".

El tribunal reconoció que "si bien el dictamen en cuestión no obliga a la (autoridad) responsable a resolver en los términos que ahí se anoten", en este caso la secretaría de gobierno no queda exenta "de valorarlo a fin de darle crédito o desestimarlo, pues conforme a los numerales 53, 54 y 55 de la ...ley de ejecución de sentencias penales, aquel constituye la parte técnica del expediente que se apertura (resic, por se abre) con motivo de la solicitud de concesión de beneficios de libertad anticipada, mismo que debe analizarse en su conjunto para determinar la procedencia o no de aquellos".

Al confirmar la sentencia de amparo, el tribunal colegiado mantuvo también la libertad de la autoridad responsable para que en plenitud de jurisdicción emitiera un nuevo documento, debidamente fundado y motivado, ya sea insistiendo en la negativa a dejar libre a Zorrilla, o poniéndolo en libertad. Es decir, tampoco en segunda instancia se le ordenó que hiciera esto último. Esto me dijo, sin embargo, el abogado de Zorrilla, Santiago Ramos Millán Pineda, quien en un mensaje por el correo electrónico me informó que "por ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 1021/2008-III del índice del Jugado octavo de distrito en materia penal del Distrito Federal se ordenó a la Dirección ejecutiva de sanciones penales dictar resolución por la cual el Lic. Zorrilla Pérez fue liberado".

Según se desprende de las dos sentencias, no hubo tal orden, y de haberla debió ser dirigida a la secretaría de gobierno y no a su dependiente la dirección de ejecución de sanciones penales, que estrenaba director por esos días. Dos semanas antes de la liberación de Zorrilla había sido designado en ese cargo el doctor José María Casaopriego Valenzuela, en reemplazo de la licenciada Dolores González Eslava.

Tenemos derecho a saber si del juzgado salió una notificación con sentido diferente a la sentencia o sin en la administración se confirió valor de orden a una sentencia que no la incluía de ningún modo.


Cajón de Sastre

Es claro que la expresión "personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad" es un circunloquio para hablar de gobiernos extranjeros a los que la ley bancaria prohíbe "participar en forma alguna en el capital de las instituciones de banca múltiple" Es claro, en consecuencia, que la creciente presencia del gobierno de Washington en el desfalleciente Citi, necesitado de cada vez mayor capital gubernamental, plantea la necesidad de que el gobierno mexicano pida a Banamex definir su situación respecto de la casa matriz, pues se ha caído en la hipótesis de la ley de instituciones de crédito y es debido que las autoridades financieras mexicanas hagan valer la prohibición allí establecida, so pena de que las decisiones sobre el mayor banco establecido en México se adopten fuera de aquí.


INDICADOR POLÍTICO
(Carlos Ramí¬rez)
La sorpresiva andanada de ataques y críticas de Estados Unidos a México por el tema del narcotráfico y la violencia del crimen organizado mostró la falta de una estrategia de Washington hacia el problema mexicano. Pero también dejó claro que el tema de las drogas no es prioritario para la Casa Blanca.

Por tanto, el mensaje del nuevo gobierno de Obama a la administración del presidente Calderón fue muy preciso: EU nada hará para ayudar a México, más allá de lo comprometido. Y peor aún, existirá una especie de regateo: Washington destinará menos de 500 millones de dólares de apoyo dentro del Plan Mérida para combatir en México un problema que mueve 50 mil millones de dólares anuales.

En este contexto, México está obligado a replantear su estrategia en función de sus intereses internos y no sentarse a esperar que EU voltee los ojos al problema mexicano, dado que las prioridades de la Casa Blanca de Obama son otras. De ahí que el escenario del narcotráfico en México tenga perfiles singulares:

1) El narcotráfico es para México un problema de seguridad nacional por tres razones: la pérdida de soberanía del Estado, la globalización de las mafias por el circuito siembra-transporte-consumo y el efecto desestabilizador en las certezas de la sociedad.

2) El narcotráfico es un asunto que se explica de manera determinante por la demanda. Mientras en EU haya más de 40 millones de personas consumidoras de droga, la solución rebasa la capacidad de los Estados latinoamericanos y exige un planteamiento global.

3) Sin embargo, en Estados Unidos el tema de la droga tiene otras nociones: no es un asunto de seguridad nacional sino de salud pública. La explicación tiene que ver con el hecho de que la vinculación del narco con las policías y los políticos es grave pero no generalizada. El tráfico para el consumo se explica sólo por la complicidad de las autoridades, pero sin que todas las policías estén involucradas.

4) El tema del narcotráfico se convierte en un asunto de seguridad nacional para EU cuando está articulado al terrorismo, como es el caso de las FARC, o cuando los terroristas pueden utilizar las rutas clandestinas para ingresar en territorio estadounidense. Washington se comprometió con Colombia justamente cuando el narco se alió a la guerrilla de las FARC y ésta se vinculó a gobiernos radicales latinoamericanos.

5) El consumo de droga en EU es un tema de garantías individuales. La legalización del consumo en algunos estados ha generado una estructura de producción-consumo que las leyes no pueden impedir. Pero al haber consumo legal, tiene que existir una ruta de comercialización. Por eso es que en EU no se combaten las mafias con la misma intensidad, aunque a costa de aumentar el flagelo de la droga en niños y mujeres.

6) La última redada que atrapó a centenas de narcos mexicanos e incautó droga y efectivo no tuvo el objetivo de impedir la comercialización y el consumo sino que buscó romper con las redes de comercialización en manos de capos mexicanos fuera del control de las autoridades estadounidenses. Por eso fue que las autoridades de EU atraparon sólo a mexicanos ligados al cartel del Golfo.

7) Las acciones de EU contra narcos dentro de su territorio han sido ajenas a cualquier movimiento en la comercialización o el consumo. Una forma de disminuir el tráfico de drogas es atacando también el consumo. Pero en EU hay poca intensidad en combatir el consumo de droga. Por tanto, EU realmente no está preocupado por el consumo sino por el control de las rutas, el manejo del dinero y la administración de las mafias.

8) Mientras exista el consumo de droga por parte de 40 millones de estadounidenses, la lucha contra el narcotráfico en EU será laxa. Con pragmatismo, EU necesita realmente la existencia de proveedores de droga para sus consumidores. El día en que baje decisivamente el tráfico hacia EU, ese día el gobierno estadounidense enfrentará una insurrección interna y un aumento del índice de criminalidad. Por eso EU normalmente no impide que la droga llegue, sino que vigila que no se conviertan en rutas para el terrorismo.

9) EU estará preocupado si México pierde el control de su seguridad interna y se convierta en un problema de seguridad nacional para EU. Por eso Washington estaría preparando una estrategia militarista para impedir el colapso de la zona fronteriza con México pero por razones geoestratégicas y militares. El Plan Colombia no fue solamente un programa de lucha contra el narco sino que formó parte de la red de seguridad militar de EU en el sur del continente.

10) La política de seguridad nacional de Obama se ha centrado en la estabilidad interna y está lejos de preocuparse por el equilibrio internacional. De ahí que Obama tome decisiones por el exclusivo interés estadounidense, lo mismo con la insistencia de revisar el Tratado Comercial que con abandonar las plazas costosas en el presupuesto militar. De ahí que México comience a llegar a la conclusión de que tendrá que luchar solo contra el narcotráfico y por tanto replantear su política.


ASALTO A LA RAZÓN
(Carlos Marín)
¿Periodismo patriótico?

En el foro del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Eduardo Medina Mora pidió ayer a los periodistas reflexionar “sobre su responsabilidad y el papel que les corresponde jugar en la confrontación con los enemigos de México”, entendidos éstos como los narcotraficantes a quienes el Ejército y las policías hacen la guerra.

Invita a “buscar mecanismos comunes ante la influencia letal de las bandas criminales en la sociedad mexicana” porque, argumentó, “enfrentamos a un enemigo que mata a quienes desde la prensa los investigan como hecho noticioso…”.

¡Gulp!

Ni el procurador ni los delincuentes entienden que la responsabilidad mayor de los periodistas es con sus lectores, radioescuchas o televidentes que aprecian la información y la opinión, y que su papel esencial es destripar las lacras del poder dentro y fuera de las instituciones.

“Al menos debatan el tema”, provocó Medina Mora, sabedor de que el verdadero combate a la delincuencia no es cosa de periodismo patriótico, sino constitucional obligación de quienes gobiernan.