CAPITANES
Aceitan juicio de Vitro
¿Alguien recuerda la demanda de Vitro contra Banamex?
Es el caso que ventila un juzgado federal de Monterrey desde el año pasado.
El pleito surgió porque la golpeada vidriera que dirige Hugo Lara exige anular una compra del 14.9 por ciento de sus acciones, presuntamente ejecutada por el banco para meter a un par de emisarios en su consejo de administración.
Ya sabe usted que los de Banamex aseguran que esa acusación es falsa.
Que ellos sólo tienen el 2 por ciento y que Vitro quiere despojar a accionistas minoritarios.
¿Sería raro ver a una firma mexicana abusando de accionistas minoritarios?
Bueno... la intención es platicarle las nuevas, relacionadas con lo que el juez hizo para agilizar el juicio.
Como parte del trámite, el abogado de Accival -la casa de bolsa de Banamex-, Fernando Hegewisch, pidió "sentar en el banquillo" nada menos que a su majestad Adrián Sada González.
O sea, el presidente del consejo de Vitro.
Hegewisch quería hacerle varias preguntas, cara a cara, a Sada, en una diligencia conocida como prueba confesional.
No faltaba más. El juez rechazó llamar a Sada, pues las personas morales como Vitro, pueden comparecer por medio de representante o apoderado.
En su afán de mover el asunto, el juez también negó la prueba pericial contable ofrecida por Banamex.
Recuerde que a la voz de "a mí que me esculquen", los de la institución financiera ofrecieron que un perito revisara una por una las miles de operaciones que llevó a cabo Accival por sí misma y sus clientes desde el 2006.
El juez alegó que tal acción afectaría la privacidad de terceros e involucraría una revisión sobre documentos que en su mayoría no tienen que ver con el asunto.
Veremos si con esto, el caso que va a paso de tortuga cobra velocidad.
Televisa, al Norte
El año pasado le contamos del pleito que se armó porque la CFC, que comanda Eduardo Pérez Motta, le puso piedritas en el camino a una compra de Televisa.
La historia de este cuento empezó en febrero de 2007, cuando el pleno de esta autoridad aprobó a la empresa de Emilio Azcárraga la adquisición del 50 por ciento de las acciones de TVI, el sistema de televisión por cable de Multimedios, de Francisco González, que opera en el noreste del País.
Esa aprobación tenía una condición: Que Televisa ofreciera su señal de canales abiertos a todos los competidores de TVI.
Hasta ahí, todo bien. Pero en junio de 2008, la CFC le requirió a Televisa, bajo amenaza de cuantiosas multas, una serie de detalles sobre eventuales fusiones con cableros.
"Con el objetivo de evitar la discriminación con relación a los demás concesionarios de TV restringida que soliciten la retransmisión de las señales abiertas de Televisa", argumentó la autoridad.
Televisa se amparó. Alegó que le cambiaron la jugada y alteraron lo que ya había sido resuelto en 2007.
¿Veredicto? La televisora ya ganó. La juez federal Ana Luisa Mendoza resolvió que el secretario ejecutivo de la CFC no tenía facultades legales para hacer un requerimiento de este tipo.
Sorpresivamente, la CFC no impugnó esta sentencia, que se convirtió en definitiva el 12 de marzo.
¿Aceptación de un error de procedimiento?
Mismo y mesmo
No confundan, por favor, dicen desde el edificio de American Express en México, en donde varios empleados andaban más que inquietos.
Ya sabe usted que algunos clientes mexicanos estafados por Bernard Madoff iniciarán demandas civiles en contra de bancos que promovieron sus productos.
Entre ellos está American Express... pero ojo, que esto no involucrará a la parte mexicana de la firma.
Los inversionistas mexicanos fueron aconsejados por el American Express Bank Ltd, que hoy es propiedad del asiático Standard Chartered PLC, que dirige Peter Sands.
Aclaran que el tema en nada tiene que ver con American Express Bank (México) S.A., institución de Banca Múltiple, que dirige Ricardo Medina, quien afirma que ningún cliente de su banco en México ha sido afectado por el caso Madoff.
Así que mientras los abogados de los estafados precisan las cosas, ahora falta saber qué dice Santander, dirigido por Marcos Martínez, la otra institución "inculpada" por promover lo que no debía.
¿El final de Cananea?
Si vive usted en Canadá, pásele un recadito al preocupadísimo Napoleón Gómez Urrutia.
A fin de mes, la Secretaría del Trabajo encargada a Javier Lozano, propondrá una solución definitiva al conflicto de Cananea.
Recuerde que esta mina de Grupo México de Germán Larrea acumula 18 meses en huelga.
No está de más decirle que ese paro ya fue declarado ilegal cuatro veces y en todas el sindicato ganó amparos para mantener ahí la bandera rojinegra.
Ahora parece que las autoridades laborales ya notaron que la estrategia de buscar la ilegalidad de la huelga no les resultó.
Así que van por otra solución que está contemplada en el marco legal.
Por lo pronto, Gómez Urrutia tiene enfrente una cuarta orden de aprehensión, ahora determinada por un juez penal del DF.
Ya acumuló óooordenes por delincuencia organizada, violación a la Ley de instituciones de crédito y desvío de recursos del sindicato.
Es un angelito.
Manuel Medina Mora...
Es una semana decisiva para este capitán, presidente de Citi para México y América Latina. Con la Convención Bancaria encima, las autoridades tendrán que definirse en torno al tema Banamex y la participación del Gobierno de EU.
EMPRESA
(Alberto barranco)
Moneda de cambio
Sometido a fuego cruzado el intento del Senado de dotar de nuevas facultades al Banco de México para regular el comportamiento de las tasas de interés, la Comisión Federal de Competencia colocó en charola de plata la posibilidad de una salida airosa de los legisladores
Estamos hablando de endurecer los controles a los bancos para evitar abusos contra los usuarios… pero sin lesionar las “sagradas” leyes del mercado.
Apretón de tuercas para bajar las tasas sí, sólo que por la vía del combate a la posibilidad de distorsiones de éste, bajo mecanismos como cárteles o concentraciones ilícitas. Una por otra, pues, en un marco en que la cargada enfureció a las bancadas de cara al interés mayoritario que defendían, en un horizonte en que los niveles alcanzados por los réditos vuelven impagables los préstamos al consumo, para no hablar de los productivos.
Se diría que las autoridades le hicieron el coro a la Asociación de Bancos de México, al punto de confundirse las voces.
Los casos más patéticos son el del Banco de México y la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros.
El primero, a contrapelo de los estudios que ha realizado para documentar los abusos de las intermediarias de capital extranjero instaladas en el país, cobrando comisiones que en sus matrices serían un escándalo, de plano rechazó la posibilidad de nuevas facultades, aduciendo que sólo el mercado y nada más el mercado es el que puede castigar los excesos, y que, últimamente, algunos bancos ya están premiando a sus clientes cumplidos con baja de tasas.
La segunda, en reniego de la misión que le da sustento desde hace una década, se colocó como el más diligente acólito de los banqueros, asumiendo posturas más radicales que las de éstos en su defensa.
De lo patético de la escena hablan las virulentas respuestas de los legisladores que concurrieron a la consulta.
La propuesta del organismo autónomo encabezada por Eduardo Pérez Motta habla de promover con más rigor el escenario de competencia que se abrió en 2007, cuando se redujo el capital mínimo requerido para operar un banco; se creó la figura del banco de nicho; se transparentaron los cobros a los usuarios y se facilitó la posibilidad de traspasarse las cuentas de nómina.
Estamos hablando, por ejemplo, de facilitar el transporte de las cuentas de los usuarios hacia opciones más competitivas, en un escenario en que está vedado el paso hacia las nuevas intermediarias.
Dicho con todas las letras, hasta hoy se vuelve misión imposible para la clientela traspasar, por ejemplo, una cuenta de cheques o de ahorro, alegando el banco que no puede hacerse mientras haya un saldo a su cargo en la tarjeta de crédito… que se le entregó a la par de la recepción del primer depósito.
Estamos hablando, pues, de vicios anticompetitivos como ventas atadas, precios multidimensionales y cobros en letra chiquita. El usuario, pues, está atrapado sin salida.
De acuerdo con la propuesta de la CFC, el círculo vicioso debe romperse al cambio de reglas que obliguen al trámite de banco a banco, además de exigir a los bancos de origen a proceder a transparentar listas de cuentas y servicios, así como establecer procedimientos estandarizados de traspaso.
Desde otro ángulo, se plantea que se rompa con la tradición de las tarifas interbancarias, aduciendo que inhiben la competencia. En paralelo, se plantearía laxar los requisitos que se exigen para la apertura de sucursales, algunos de los cuales se califican abiertamente de innecesarios.
El punto sensible para la causa común de banqueros, Secretaría de Hacienda, Banco de México y Condusef, sin embargo, lo plantea la exigencia de garantizar un acceso competitivo a la infraestructura esencial, es decir, romper el dominio de los intermediarios grandes en las llamados swtches del sistema de tarjetas de pago y los burós de crédito, que a juicio de la instancia antimonopolio promueven incentivos para restringir la entrada y el crecimiento de nuevos competidores.
La salida habla de prohibir la integración vertical de los bancos hacia esos instrumentos, estableciendo condiciones mínimas de acceso para todos los competidores.
En ese mismo tenor, el pez grande se come al chico en el escenario de las tarifas interbancarias por uso de cajeros, en perjuicio de quienes no cuentan con una red extensa de cajeros y sucursales.
Más aún, las tasas de intercambio asociadas con las tarjetas de pago, sean de débito o crédito, pueden ser un instrumento para bloquear la competencia e incrementar los márgenes de los bancos.
La propuesta habla de transparentar la metodología para el cálculo de las tarifas que utiliza la Asociación de Bancos de México, además de asegurarse que éstas se fijen con el único objetivo de promover el desarrollo eficiente del mercado.
Ahora que el paquete habla de elevar las sanciones monetarias por prácticas monopólicas, en un marco en que las multas actuales le causan risa a los infractores.
El monto máximo por prácticas monopólicas absolutas alcanza 82.2 millones de pesos, y por relativas 49.3 millones.
En la urgencia de apretar tuercas se habla incluso de establecer sanciones penales por colusiones entre competidores para fijar artificialmente precios altos; restringir la oferta de bienes y servicios, y eliminar opciones al segmentar el mercado. ¿Moneda de cambio?
Balance general
Colocada en el terreno del absurdo la posibilidad que empuja a trasmano el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, para llevar a la presidencia y dirección general de la Bolsa Mexicana de Valores al ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, dado el eco aún del escándalo provocado por la revelación de sus conversaciones telefónicas picosas grabadas ilegalmente, ahora resulta que el ex funcionario está más que puesto. De hecho, lo estaba desde antes de renunciar (¿o de ser renunciado?) a la dependencia.
Hete aquí que días antes había sostenido una conversación con un accionista del mercado bursátil, quien le había deslizado que estaban buscando a un sustituto para Guillermo Prieto Treviño, a quien ya no aguantaban.
—¿Y por qué no yo?, dijo el aún funcionario ante la sorpresa del interlocutor. “Total, no creo durar mucho en el puesto”.
El run run llegó a su amigo del alma que despacha en el banco central. El desenlace de la telenovela está por verse.
Jaque al rey
En lo que constituye un formidable reto para la administración pública, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias prepara una evaluación de los tres poderes, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sobre la base de calificaciones en escala del uno al 10.
El ejercicio lo realizarán dos docenas de expertos, ya administradores públicos, contralores, politólogos, académicos, analistas…
La idea es ubicar parámetros comparativos que permitan una base de calificación equitativa, es decir, que el cinco al Ejecutivo sea comprable con el tres del Judicial o el seis del Legislativo.
La evaluación, pues, sacará chispas.
ACTIVO EMPRESARIAL
(José Yuste)
Caso MVS, le dividen frecuencias
La prórroga de la concesión de MVS ha sido una de las grandes batallas de los últimos tiempos en la Secretaría de Ccomunicaciones y Transportes. Incluso el refrendo de la concesión fue el telón de fondo en el lamentable capítulo de Carpinteyro-Téllez. Y ahora la SCT, ya bajo el mando de Juan Molinar Horcasitas, y seguramente bajo el conocimiento del presidente Calderón, han tomado una decisión: dividir la banda de dicha concesión, que bajo la nueva tecnología representa la banda más codiciada en el mercado de telecomunicaciones al tener la posibilidad de ofrecer internet inalámbrico, el famoso wi-max.
Según la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández, la tendencia en las políticas de telecomunicaciones consiste en dividir la banda que va de los 2500 a los 2690 Mhz. Incluso así han sido las recomendaciones de la OIT, la Organización Internacional de Telecomunicaciones.
El Grupo MVS, liderado por Joaquín Vargas, es el principal usuario de la banda en México, la cual ha sido utilizada para ofrecer televisión inalámbrica a través de la tecnología MMDS. MVS cuenta con la capacidad de 190 Mhz en casi todo el país, pues tiene presencia en 70% del territorio nacional a través de dicha banda.
Sin embargo, las autoridades quieren dividir la banda de forma ordenada, muy probablemente dejando 50 Mhz en medio y dividirla en bloques de 35 Mhz a los lados.
También está el caso de EU, donde también habían adquirido inquilinos en la bandas (aquí en México existen 11 inquilinos, siendo MVS el más grande con 70% del territorio). Allá en EU se les ha permitido comprar y entrar a la nueva tecnología de Long Term Evolution.
Lo cierto: en México la SCT está por dividir la banda mediante la cual se podrá ofrecer wi-max.
Obviamente a MVS no le gusta tal decisión. El grupo de comunicación está evaluando su siguiente jugada porque considera que es injusto le quiten la banda que ha mantenido por años.
Pero la autoridad también considera que sería injusto mantenerle toda la banda que con la nueva tecnología lo haría un jugador muy grande en internet inalámbrico.
El equipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí otorga la concesión de telefonía celular para Nextel.
Nextel, de verdad, ha sido como el chico bueno: paga impuestos, paga derechos, invierte, no se mete en líos con las autoridades, no tiene amparos y sus únicos escarceos han sido porque no le dan interconexión.
La SCT sí le está otorgando a Nextel su concesión de telefonía celular. Se lo ha ganado. Sólo que las nuevas concesiones son bajo reglas más claras: ahora hay una notificación, la empresa tiene cinco días hábiles para contestar lo que a su derecho convenga, y pagar los derechos.
Y va por licitaciones.
Y ahora se encuentra en espera de que le den la concesión de telefonía celular.
Gustavo Cantú, vicepresidente ejecutivo de Nextel, nos explica que utilizarán su infraestructura para operar la telefonía celular. Han invertido 4 mil millones de pesos en su infraestructura de radio, y la misma es para telefonía celular, con lo cual ya pueden ofrecer mensajes cortos y distintos servicios.
Ahora lo que sigue para ellos es participar en las licitaciones por otras frecuencias.
Se generó todo un debate en la Secretaría de Economía para elevar el precio de la harina de maíz. Incluso los secretarios de Desarrollo de los estados le dijeron a Gerardo Ruiz Mateos y Lorenza Martínez, que elevar el precio de la harina de maíz cuando el precio de la tortilla lleva dos años en el mismo nivel, era un error.
Iba a desatar una escalada de precios en la cadena.
Y así empieza a suceder. El precio por tonelada de harina de maíz subió 400 pesos para llegar a los 5 mil 700 pesos. Pero fue el banderazo de salida para que todas las asociaciones de tortilleros puedan elevar el precio del principal alimento del país.
En algunos estados del norte de la Repúbli caempezó a elevarse el precio de 8.50 pesos a 10.50 pesos.
Y desde luego, la situación no ayuda en nada a las presiones inflacionarias.
No se puede. La principal aseguradora de Estados Unidos, la American International Group, mejor conocida como AIG, ha sido salvada para evitar un contagio sistémico dadas sus ramificaciones en seguros para pequeños negocios y personas físicas. El gobierno de la Unión Americana le ha inyectado 170 millones de dólares. Y ahora se supo que sus planes fueron ofrecer 165 millones de dólares en bonos para los empleados. Fue un robo para el contribuyente estadunidense. Aquí se vieron excesos con el Fobaproa, pero allá el rescate financiero ha resultado un escándalo.
CUENTA CORRIENTE
(Alicia Salgado)
¿Desaparece o cambia el mark to market?
La semana pasada, los mercados bursátiles del mundo, y México no fue la excepción, recibieron las primeras buenas noticias en muchísimo tiempo, como el que los gigantes financieros Citigroup y Bank of America tuvieron un primer bimestre de utilidades tras las impresionantes pérdidas de 2007 y 2008 y las intervenciones gubernamentales en sus balances, o el regreso de General Motors, la estabilidad de algunas entidades financieras europeas y el hecho de que la confianza del consumidor de EU ya no cayó, se estabilizó.
Aunque todavía las noticias son escasas y poco consistentes, podrían indicar que la crisis está tocando fondo, y es probable que las bolsas accionarias (renta variable) comiencen a anticipar la recuperación —esta vez sí sostenible—, de los precios financieros, no obstante le falte mucho tiempo a la recuperación económica.
Sólo hay dos señales: la caída de precios de vivienda en EU alcanza entre 30% y 40% y los datos de compra de vivienda usada muestran que comienza a haber demanda a estos niveles de precio, y las ventas al menudeo, un dato clave para el consumo doméstico que explica más de las dos terceras partes de la economía, ha dejado de caer en febrero, tras año y medio de desplome.
Pero un tema que pudo haber influido de manera importante en el ánimo de los analistas e inversionistas fue el curso de la decisión que se está tomando en el Congreso de EU, y que este fin de semana fue central en las discusiones de los ministros del G-20, a la que asistió el secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
Se trata de la posibilidad de suspender la valuación a precios de mercado, de los activos y pasivos de las instituciones financieras, para facilitar el reordenamiento del llamado “crédito contra parte”, lo que para muchos pudiera poner fin a la necesidad de desprenderse de activos por minusvalías y ponerlos al vencimiento para dar paso a su reestructuración y a la identificación de las contrapartes.
Esta tarea es compleja, pero el BIS, que encabeza Jaime Caruana y cuyo consejo de administración preside Guillermo Ortiz, jugará un papel central en la decisión, como también el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, que preside el gobernador del Banco Central de Países Bajos, Nout Wellink, y al que este fin de semana se integró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que encabeza Guillermo Babatz.
En las reuniones de jueves y viernes se decidió la ampliación del Comité al incorporar a Australia, Brasil, China, India, Corea, México y Rusia, más los integrantes del G-10 (Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suecia, Suiza, Reino Unidos y EU), prácticamente todos los países cuyos sistemas financieros son “sistémicamente” relevantes internacionalmente.
Con esta expansión de su membresía, el Comité de Basilea cumple con el llamado de los líderes del Grupo de los 20 en Washington, de ser más incluyentes y considerar a los miembros relevantes del sistema financiero, provenientes de economías emergentes con mayor peso en el comercio y financiamiento global, para que se puedan revisar, fortalecer y mejorar los estándares y prácticas de supervisión de los sistemas financieros en el mundo.
En esta coyuntura y con su estructura amplia, el Comité tendrá que reconsiderar el calendario de aplicación del estándar de capitalización, conocido como Basilea II, en particular porque los países maduros encuentran un problema serio con los llamados activos tóxicos, que requieren una resolución específica y la valuación a mercado de los mismos se ha convertido en una de las mayores presiones para mantener un adecuado nivel de reservas y capital en las instituciones bancarias. También se busca que se homologuen las prácticas de regulación y supervisión entre entidades no bancarias.
La supresión de la medición de riesgos a valor de mercado (mark to market), que obliga a los bancos a valorar a precio de mercado los bonos que bursatilizaron flujos y las hipotecas, permitiría reducir el tamaño de las pérdidas, porque la valuación no consideraría el valor desde el momento de su colocación y el valor al término, pero también tendría que modificar las calificaciones de deuda estructurada, que se ha tornado tan tóxica como los activos que califica.
Justo el hundimiento del valor de estos activos es lo que ha provocado las pérdidas sin precedentes de la banca mundial. El que en EU se suprima la norma, y probablemente en Gran Bretaña y en España, mandaría la señal de que no quedan más pérdidas para mostrar y que lo peor ha pasado, con lo que se podrían utilizar recursos.
El problema de que si esta norma se suprime en EU podría generar un deslineamiento internacional en la forma en que se miden los riesgos de liquidez, de no crearse instrumentos gubernamentales neutrales y de plazo para facilitar su fondeo.
Otro de los temas que se considera es la eliminación de posiciones cortas en EU. Es posible que se restablezca la norma que limita las posiciones a la baja conocida como up tick rule, regla que se impuso en 1934 tras la Gran Depresión y estuvo en vigor hasta 2007, que prohíbe tomar posiciones cortas si el anterior movimiento del valor de referencia bajó de precio.
Eso implicaría que los tenedores de un valor cuyo precio inmediato anterior haya caído, tendrán que mantener ese valor hasta que suba de precio para poder venderlo.
Se espera con ello detener las estampidas de venta que acentúan la volatilidad y la caída masiva en los mercados, aunque obviamente se limitaría la liquidez de los títulos.
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