TEMPLO MAYOR
LA TLAXCALTECA Beatriz Paredes sigue esperando que Felipe Calderón se digne a tomarle la llamada.
CUENTAN QUE la presidenta del PRI anda sentidona porque hace ya una semana que habló a Los Pinos... y es fecha que el Presidente no le devuelve el telefonema.
TODO EMPEZÓ cuando Germán Martínez, hace una semana en la Convención Bancaria, se lanzó con todo contra los priistas delante de Beatriz, preguntándole de qué lado estaban: si del lado del narcotráfico o del lado del Presidente.
SI BIEN en ese momento la lideresa tricolor no quiso ponerse los guantes y subirse al ring, apenas salió del foro tomó el teléfono y pidió hablar con el Presidente para comentarle la actitud de su muchacho.
PERO CALDERÓN no le tomó la llamada, quedó de comunicarse después... y Beatriz Paredes ve pasar las horas y los minutos sin saber como para cuándo.
Y AHORA... ¡la pregunta de los 12 mil millones de pesos!
LOS PARTICIPANTES del concurso "Quisiera tener una refinería" son Carlos Hurtado, Miguel Osorio Chong, Leonel Godoy, Eugenio Hernández, Fidel Herrera, Andrés Granier, Mario Marín, Ulises Ruiz, Héctor Ortiz y Juan Manuel Oliva.
LA PREGUNTA CLAVE para que puedan acceder al premio mayor y llevarse la refinería a su estado es... (música de tambores, maestro)... ¿quién es el dueño de los terrenos que usted ofrece para instalar la refinería?
NO ES POR ser desconfiados, pero luego del atencazo cortesía de Arturo Montiel, ya los mexicanos están escaldados con eso de las megaobras que nomás no se hicieron.
NO VAYA A SER que la nueva refinería quieran instalarla en terrenos ejidales, comunales o privados... y pase lo mismo que con el aeropuerto: nada de nada.
EL HUECO que dejó Tony Garza en la embajada de Estados Unidos le cayó como anillo al dedo a Barack Obama para buscar iniciar una nueva era de relaciones diplomáticas bilaterales.
A ESO OBEDECE que el designado haya sido el cubanoamericano Carlos Pascual, con más credenciales académicas que diplomáticas, y hasta hoy vicepresidente del prestigiado think tank Brookings Institution, con sede en Washington.
LA DESIGNACIÓN del nuevo embajador no sorprendió a los que saben que Pascual coordinó el proyecto obamista para establecer una nueva política en las relaciones con América Latina, en el que participaron los ex presidentes Ernesto Zedillo y el chileno Ricardo Lagos.
LO QUE también destaca en el currículum del próximo embajador es que en los últimos años se ha dedicado a estudiar y dar conferencias sobre las características de los "Estados fallidos", entre los que nunca -por lo menos en esos estudios- ha incluido a México.
MUY ACTIVO con su celular se vio ayer en los pasillos del Senado al priista Dionisio Meade, asesor de la Junta de Gobierno del Banco de México.
MEADE se tomó muy en serio eso de ser el "enlace" entre el Banxico y el Legislativo, pues estuvo intentando comunicar a Guillermo Ortiz con alguno de los senadores que trabajaban el dictamen sobre las reformas a las normas del banco central.
LO MALO fue que no tuvo mucho éxito pues ninguno de los legisladores quiso tomar el celular, con todo y que es bien sabido que el que llama paga.
TRASCENDIÓ
Que quien literalmente no recibió uno, sino varios espaldarazos de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, fue el titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, al finalizar el recorrido por el Centro de Mando de la Policía Federal, en Iztapalapa.
En uno de los hangares de la corporación, la visitante no sólo se despidió de mano del funcionario federal, sino que le dio varias palmaditas en la espalda.
Que a propósito de viajes, en su gira por el Reino Unido el presidente Felipe Calderón realizará una rápida visita a Escocia para reunirse con miembros de la compañía British Petroleum.
Que los priistas definirán candidatos plurinominales en la reunión que sostendrán el próximo domingo en Nuevo León, a la que asistirán los gobernadores, la dirigente nacional, Beatriz Paredes, y los coordinadores parlamentarios Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, y una vez que tengan la lista planchada, el lunes 30 la aprobarán en la Comisión Política Permanente.
Que los diputados federales se alistan a sesionar tres días de la semana entrante, pero no por un arranque de responsabilidad patriótica, sino para adelantar el desahogo de puntos pendientes y disfrutar sin remordimientos de su puente vacacional de 12 días por la Semana Santa.
Que Flavio Sosa Villavicencio se ha convertido en un ferviente y constante seguidor del movimiento lopezobradorista. Con la enjundia que algún día lo fue del foxismo.
Aunque suele pasar desapercibido en medio de la muchedumbre, al líder appista se le vio en la concentración del domingo en el Zócalo y en la protesta del miércoles frente a la Cámara, ambas encabezadas por Andrés Manuel López Obrador.
Que quien dirá adiós a su fin de semana será Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, pues es invitado de honor a la próxima reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se llevará a cabo domingo y lunes próximos en Monterrey, Nuevo León, cuyo tema central será la seguridad.
Se dice que también se negociará ahí un pacto de civilidad para que los partidos dejen de atacarse rumbo a las elecciones federales, ya que estos episodios pueden incidir en un incremento de la delincuencia.
BAJO RESERVA
Panista y priísta propusieron, por separado, iniciativa sobre la Bandera, el Escudo y el Himno
El panista Gustavo Madero y el priísta César Duarte propusieron, por separado, una iniciativa para modificar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, a fin de que la banda presidencial tenga el rojo como franja superior y no el verde, como es actualmente. En la banda presidencial, el águila del escudo mira hacía el lado rojo, lo que desde hace muchos años se contrapone con lo estipulado en la bandera nacional de que mire hacia el verde. Madero es el presidente del Senado; Duarte es el presidente de la Cámara de Diputados. Además, los dos son precandidatos (y contrincantes) a la gubernatura de Chihuahua. Curioso.
La Sedena ha empeñado gran parte de su capital humano (45 mil soldados) para las campañas de erradicación de drogas y de combate al narcotráfico en lo que ahora es la máxima misión del Ejército Mexicano: recuperar Ciudad Juárez y el estado, Chihuahua. Nos informan que ha desplazado casi 40 mil elementos a Chihuahua y Coahuila para “saturar” el teatro de operaciones. Complete la imagen: el Ejército tiene en ambos estados 40 generales (ente brigadieres y de división); a los 28 que había a finales de 2007 en la XII Región Militar (Coahuila y Chihuahua), se sumaron en las últimas semanas otros 12, tan sólo para coordinar el refuerzo.
Y hablando de aquellas tierras: se nos dice que los jerarcas del PRI nacional han planteado retirar la candidatura a diputado federal de Héctor “Teto” Murguía, ex alcalde de Ciudad Juárez, acusado de narcotraficante por el líder del PAN, Germán Martínez, y sospechoso de estar relacionado con alguna de las fracciones que se pelean la plaza fronteriza. Si le retiraban la candidatura, pensaban hace una semana, era brindarle la cabeza al panista. Ahora no lo piensa así. Las encuestas les favorecen significativamente, razonaron. ¿Por qué uno o dos personajes van ser piedra en el camino para lo que parece un carro semicompleto? Varios de los capitanes priístas han planteado que Murguía mismo anuncie que se retira, y que se pone en manos de la PGR. A ver qué le encuentran, retará el juarense. La estrategia del PRI nacional no es nada mala; limpia su elección, da señales de sensibilidad y conciliación, y se quita a Martínez de encima.
Apunte final: Desde el miércoles se instala un espectacular frente a las instalaciones del CEN del PAN con la leyenda: “Enfrente apoyamos al Presidente”. Nos dicen que se seguirán con puntos estratégicos del DF, y están pensando si brincan con la campaña a nivel nacional. La evaluación del presidente Felipe Calderón no es mala en las últimas encuestas. Es ya oficial que lo están usando para que jale al PAN.
PLAZA PÚBLICA
(Miguel Ángel Granados Chapa)
La oficina bilateral
Se requiere precisar la naturaleza, las funciones, el alcance del mecanismo de instrumentación de las medidas que Estados Unidos y México adoptan para hacer frente a la criminalidad
En el sentido más común y aceptado de la palabra, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, cumplió del modo más diplomático posible su primera misión en nuestro país. Con modos suaves y palabras amables reconoció que el origen de la actual inseguridad en México radica en su propio país, por su ávido consumo de estupefacientes y por el comercio de armas hacia México. Al mismo tiempo, en ese mismo tono afable y simpático desestimó las afirmaciones de funcionarios del gobierno de que forma parte -el ex almirante Dennis Blair, director de Inteligencia, por ejemplo- sobre la dificultad del gobierno mexicano para regir en todo el territorio nacional. Y para paliar el juicio adverso a México (parte de un cúmulo de observaciones que irritaron al presidente Calderón) consideró que zonas inseguras las hay dondequiera, incluido su propio país. Y hasta recordó que no hace mucho, un cuarto de siglo cuando más, no pocas ciudades norteamericanas eran muy peligrosas.
Esa diplomacia de la ex primera dama norteamericana contrastó con el resultado de la comparecencia de su compañera de gabinete, la secretaria de Seguridad Interior y ex gobernadora de Arizona, ante un comité senatorial. La señora Napolitano asintió ante la pregunta del ex candidato presidencial John McCain que da por supuesto que el embate de las bandas de narcotraficantes en México significa una amenaza a la existencia misma de México, y también anunció que se toman aprestos en la frontera con México preparándose para lo peor. Al menos se ha diseñado un plan de contingencia para responder al "peor de los casos", fórmula que recuerda la estimación militar norteamericana de que aquí, como en Paquistán, es posible un colapso súbito y áspero, cuyas consecuencias dañinas se esparcirían a territorio norteamericano.
Sin embargo, no todo en esta visita fue diplomacia en el sentido convencional. Ella misma incurrió en una contravención a las reglas del trato entre dos países amigos cuando anunció el establecimiento de una oficina bilateral con sede en México con el fin de instrumentar las medidas adoptadas en común frente a la criminalidad. En esa oficina, funcionarios de ambos países "trabajarán para combatir a los narcotraficantes y la violencia que tratan de diseminar".
Es necesario que, si no ha ocurrido a estas horas, se formule una precisión respecto del carácter de esta oficina que, por la naturaleza bilateral a que se refirió la secretaria Clinton, debió ser anunciada en una comunicación conjunta de los gobiernos involucrados. Hay una contradicción de origen en que de modo unilateral se haga saber de un mecanismo que convoca a dos partes, sin que el gobierno de México complete la información o al menos reaccione ante la afirmación de la canciller norteamericana. Sería el colmo, y de eso debemos tener conciencia mediante informes precisos, que la secretaria Patricia Espinosa tuviera noticia de dicha instancia bilateral sólo hasta el momento en que su homóloga se refirió a ella.
Del breve espacio dedicado al tema por la ilustre visitante puede inferirse que se tratará de un espacio ejecutivo, en el que autoridades norteamericanas ejercerán alguna competencia en nuestro país. Si de eso se trata, hay que descalificar la medida, tenerla como inadmisible, pues significaría una intervención en los asuntos mexicanos en nuestro propio territorio. Que el gobierno de México acepte esa suerte de cogobierno implicaría que es verdadera su insuficiencia para gobernar y requiere por lo tanto asistencia extranjera. Podría tratarse de la matriz de acciones como las que implicó el Plan Colombia, de cuya aplicación ese país está saliendo y "nacionalizando" sus modos de hacer. Si el parangón es válido, resultaría que México comienza una etapa en el combate a la violencia a la que el gobierno de Bogotá puede ya ponerle fin.
Las bases legales para una oficina de la naturaleza indicada, el estatuto del personal norteamericano que en ella sirva, sus alcances y límites, el carácter de sus funciones, todo eso debe estar claro antes de que se cumpla el aviso formulado de modo antidiplomático por la responsable de la política exterior norteamericana. Por más precarias que fueran o sean las condiciones de gobernabilidad de nuestro país, México no es un protectorado que requiera ampararse bajo el poderío norteamericano. Si ésa es una consecuencia de la Iniciativa Mérida -y acaso lo es porque la mención de Clinton a la oficina apareció en el contexto de los helicópteros que es posible comprar con dólares aportados por su gobierno- el Senado tendría que ponerse en alerta porque el Ejecutivo mexicano estaría yendo más allá de sus capacidades para tratar con gobiernos extranjeros.
Lejos estoy de invocar un aislacionismo nacionalista como el que sirvió al sistema autoritario mexicano, durante décadas, para mantenerse al margen y a salvo del escrutinio internacional. Digo que no es debido compartir el poder con una potencia extranjera y eso parece significar la oficina bilateral anunciada. Nadie duda que ante la internacionalización de la delincuencia su combate ha de ser igualmente trasnacional. Pero éste debe basarse en reglas claras de cooperación, no de subordinación y menos aún de sometimiento a una supervisión nacida de la desconfianza. El mecanismo para imprimir eficacia a un esfuerzo común contra la criminalidad debe moverse desde cada país conforme a sus propias leyes. Lo contrario será dar la razón a quien nos tenga como Estado fallido.
Cajón de Sastre
Ayer comenzó la etapa final de la indagación constitucional solicitada por la Cámara de Diputados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre probables violaciones a las garantías individuales en el estado de Oaxaca, durante el segundo semestre de 2006 y julio del año siguiente. Los magistrados Roberto Lara y Manuel Baraibar concluyeron la investigación que les encomendó el pleno, y expusieron ante los propios ministros una síntesis de su trabajo, contenido en más de 6 mil páginas. El extenso reporte será estudiado por un ministro -le correspondió al ex presidente del cuerpo Mariano Azuela Güitrón-, quien formulará un dictamen que a su vez será discutido por el pleno. Dados los antecedentes recientes en la aplicación del artículo 97 de la Constitución, es probable que se trate del último caso de su tipo que el máximo tribunal acepte abordar.
INDICADOR POLÍTICO
(Carlos Ramí¬rez)
Luego de negar lo evidente, la disputa por el poder en el Instituto de Información Pública del DF entró en una nueva fase de conflicto por la designación de un nuevo presidente el próximo lunes. El punto de fricción radica en las maniobras del consejero Salvador Guerrero en contra de otros consejeros y sobre todo contra el presidente saliente de la institución.
El Infodf fue un organismo que siempre quiso evitar López Obrador como jefe de gobierno, luego lo desdeñó y finalmente lo copó con la infiltración en su consejo con funcionarios de gobierno que iban a ser obligados a proporcionar la información. Ahora el PRD, vía el exjefe de gobierno interino Alejandro Encinas, quiere imponer a Guerrero en la dirección del Instituto para usarlo como instrumento de presión política.
La lucha por el Infodf no es menor. A este organismo le ha correspondido la decisión de abrir los archivos secretos del lopezobradorismo, sobre todo de las obras viales que se usaron como triangulación de dinero para la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Arbitrariamente, López Obrador selló muchos expedientes incómodos con prohibiciones autoritarias.
La lucha por el poder en el Infodf subió de tono con la guerra sucia organizada por el consejero Guerrero contra algunos periodistas críticos y contra la consejera María Elena Pérez-Jaén Zermeño. Ahora que se abrió la inscripción de aspirantes sólo hubo dos competidores: el actual consejero presidente Óscar Guerra optando por la reelección y el consejero Guerrero como representante de los intereses del PRD, aunque sin el beneplácito del jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Ahí podría desbarrancarse la nominación de Guerrero, aunque éste ha llegado a la situación indigna de recientemente esperar dos horas a la puerta del Teatro de la Ciudad a que Ebrard saliera de un acto pero sin lograr un acuerdo de banqueta.
Lo malo para Guerrero es la acumulación de incidentes conflictivos en los que se encuentra involucrado. Por ejemplo, el más importante: Guerrero quiere ser presidente del Infodf pero es el consejero más irregular en asistencia y su permanencia en las sesiones es irregular. Del 31 de agosto de 2006 al 25 de marzo de 2009, hubo cuando menos 14 ausencias, algunas de ellas cómicas porque el presidente sometía a votación algún asunto y, con sorpresa, tenía que disculpar al faltista. Guerrero no va a sesiones o pasa lista y se escabulle con pretextos diversos y ahora aspira a ser el consejero presidente del Instituto.
El asunto de la guerra sucia de Guerrero se ha ido aclarando. Por ejemplo, Indicador Político publicó aquí que Guerrero aprobó una publicidad para la revista Transparencia & Corrupción, donde se atacaba a la consejera Pérez-Jaén Zermeño. En una carta de respuesta, Guerrero se deslindó y escribió oficialmente que él no había autorizado la publicidad sino que había sido el presidente Óscar Guerra.
Sin embargo, Guerrero mintió. En el documento interno de control de la publicidad se asienta que la publicidad había sido solicitada por el consejero Guerrero y no por el presidente Guerra. Esa publicidad, por lo demás había sido escondida en la papelería oficial como asignada a una revista especializada, para ocultar su complicidad con el director Ernesto Villanueva, el instrumento de ataques de Guerrero contra Pérez-Jaén Zermeño y enlace con Encinas. Villanueva ostenta un doctorado falso de la Universidad Complutense de España.
La disputa por el control del Infodf tiene razones políticas. El PRD no quiere soltar ningún instrumento de supervisión social. Y usa la red de poder Guerrero-Encinas y el dirigente perredista de la Asamblea Legislativa Víctor Círigo. La intención es imponer a un aliado perredista en el Infodf para bloquear todas las solicitudes de información que exige la sociedad sobre el gobierno capitalino y las delegaciones perredistas.
Lo malo es que la designación de Guerrero, exreportero de La Jornada, encuentra varios obstáculos. El primero de ellos sería la perredización del Infodf por medio de Guerrero, con lo que la sociedad perdería el espacio de exigencia de cuentas al gobierno capitalino y a las delegaciones. El segundo estaría en ciertos datos de presuntas irregularidades en la designación de Guerrero como consejero, pues acreditó una ausencia de cuatro años del DF por un doctorado en Inglaterra y la ley exige una "residencia legal" en el DF de "por lo menos cinco años anteriores a la designación", aunque su designación fue producto de un albazo de la bancada perredista. Y tercero, por la filtración a La Jornada de documentos legales del Instituto para atacar a la consejera Pérez-Jaén Zermeño, sobre todo porque hay oficios internos que prueban que Guerrero exigió copia de esos documentos y luego aparecieron en su experiódico.
Y finalmente se encuentra el hecho de que esta semana tres consejeros del Infodf entregaron en la ALDF una carta pidiendo la continuidad del trabajo en el Instituto, lo que representó el apoyo a la permanencia del actual consejero presidente Óscar Guerra, quien ha logrado evitar la perredización del instituto de acceso a la información pública capitalina. Lo único que puede ayudar a Guerrero es un mayoriteo al estilo PRD.
ASALTO A LA RAZÓN
(Carlos Marín)
Luis no, Gustavo sí
Era lógico que el caso concluyera como terminó ayer: la acusación en el sentido de que el 2 de octubre de 1968, siendo secretario de Gobernación, Luis Echeverría cometió el delito de “genocidio”, no pudo ser demostrada.
Afanoso y testarudo, el ex fiscal para delitos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, medio perdió y medio ganó: los tribunales consideraron que tuvo razón en que, en esa fecha traumática, el gobierno sí buscó exterminar al “grupo nacional” de estudiantes que protestaba contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Lo que, según el fallo judicial definitivo, la Procuraduría General de la República fue incapaz de probar es que Echeverría hubiese sido quien ordenó la matanza.
Por discutible que haya sido la calificación del crimen masivo que se cometió en la Plaza de las Tres Culturas (genocidio), admitido sin embargo como tal por los jueces, el indudable culpable lo confesó en su informe presidencial de 1969: “El único responsable soy yo”, alardeó Gustavo Díaz Ordaz, comandante supremo de quienes ejecutaron la masacre.
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