TEMPLO MAYOR
¡QUE ALGUIEN llame de volada a la Comisión Federal de Competencia!
URGE QUE la Cofeco revise y sancione las prácticas monopólicas en que están incurriendo dos agentes económicos dominantes: contra todas las de la ley, se pusieron de acuerdo para repartirse el mercado, fijar precios de los productos y no permitir la entrada de nuevos competidores.
ESTO FUE lo que ocurrió en Nuevo León, donde ahora resulta que los grandes capos de la droga han acordado actuar como entes monopólicos.
EN AQUEL ESTADO los representantes del Cártel del Golfo y los del Cártel de los Beltrán Leyva tuvieron una narcocumbre en la que se pusieron de acuerdo ¡para delinquir!
PARA NADIE es secreto que Josefina Vázquez Mota tiene una propuesta formal del PAN para ser diputada federal en la próxima legislatura.
Y HASTA AHORA Josefina no ha dicho ni sí, ni no.
SIN EMBARGO, en la Secretaría de Educación Pública andan desatados dos bandos: uno es el de los que quieren que la funcionaria se quede ocupando el escritorio de José Vasconcelos hasta el final del sexenio.
EL OTRO, que por cierto es el más activo, es el de los que ya la dan por renunciada a la SEP, y hasta andan haciendo planes sobre el futuro... y sin su jefa.
UNOS Y OTROS tendrán que esperar quizá hasta el 4 de abril, que es la fecha límite que establece la ley electoral para que los funcionarios públicos que aspiren a una diputación se separen de sus cargos.
SEGURAMENTE para entonces Vázquez Mota ya habrá deshojado la margarita... si no es que se le seca antes.
¡UPS! Por lo visto no cayó nada bien en Los Pinos aquella frase del senador priista Manlio Fabio Beltrones pidiéndole a Felipe Calderón "fajarse los pantalones".
DICEN QUE había un supuesto acuerdo entre los legisladores y el Ejecutivo para que este último mandara las iniciativas más lucidoras del paquete anticrisis al Senado.
LA INTENCIÓN de los senadores era presumir que las reformas surgieron del foro aquel que organizaron a principios de año sobre cómo enfrentar la debacle económica.
PERO, ¡oh, sorpresa!, Calderón sólo les envió la reforma de la banca de desarrollo y el paquete fuerte de iniciativas -sobre gasto público, adquisiciones, obras públicas y servicios- lo mandó derechito a la Cámara de Diputados.
CUENTAN que en la sesión de ayer de la Junta de Coordinación Política del Senado, más de uno no pudo disimular su enojo.
VAYA HONOR el que le concedieron al empresario Lorenzo Zambrano a propósito de la visita de Hillary Clinton a Monterrey.
EL CAPITÁN de Cemex será el único orador en la ceremonia que se llevará a cabo en el campus del TecMilenio que visitará la ex senadora.
LO INTERESANTE es que no fue Zambrano quien pidió el micrófono, sino que la solicitud salió del propio equipo de Clinton en el Departamento de Estado.
TRASCENDIÓ
Que el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, expondrá hoy ante la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, un panorama del combate al crimen organizado en la administración del presidente Felipe Calderón.
También mostrará los avances en tecnología, capacitación e infraestructura de la Policía Federal, durante el recorrido que realizarán por las instalaciones del Centro de Mando de la corporación, en Iztapalapa.
Que personal administrativo del Gobierno del DF se percató ayer de que ocho vehículos permanecían estacionados en el tramo del bosque de Chapultepec conocido como La milla, frente a uno de los accesos a la residencia oficial de Los Pinos, por lo que pidieron a sus tripulantes que los retiraran del lugar.
Lo que no sabían es que las camionetas, patrullas de la Policía Federal y una ambulancia, formaban parte del convoy que acompañó a Hillary Clinton en sus actividades en la Ciudad de México.
No fue sino hasta que elementos del Estado Mayor Presidencial y del Servicio Secreto estadunidense les explicaron la situación, para que los celosos trabajadores dejaran el asunto por la paz.
Que el representante legal de la ONG Security Corner intentó entregar una carta a la señora Hillary Clinton durante la reunión que sostuvo (en el palacio de Bellas Artes) con ex becarios indígenas, para denunciar el secuestro de tres mexico-estadunidenses en Durango desde hace seis meses.
Sin embargo, el equipo de seguridad de la embajada de EU se lo impidió.
Que los diputados federales del PRI se declararon “satisfechos” con la explicación del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, respecto a que las subastas de dólares se han hecho a través del sistema bancario, y no directamente entre particulares.
Pero como algunos legisladores priistas “quieren sangre”, el coordinador de su bancada, Emilio Gamboa, les ofreció gestionar un encuentro con el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz.
Que públicamente, ayer la oposición reconoció que la incorporación de Santiago Creel desatoró los trabajos de dictamen de la Ley de Extinción de Dominio, que estuvo congelada dos semanas, tras el pleito del dirigente del PAN, Germán Martínez, con la cúpula priista.
Confiados en su habilidad como abogado, la bancada panista prácticamente le delegó la negociación, lo que podría tener un final feliz, pues se prevé que el tema se apruebe ya la próxima semana.
BAJO RESERVA
El nuevo embajador habla español, sabe de México. ¿Será?
El embajador de Estados Unidos en México será Carlos Pascual, nos confirman. Había prisa con el nombramiento porque querían que Barack Obama tuviera armado el protocolo para su visita al país. La buena noticia es que no es un político de Washington o Chicago a quien premian por ser amigo del presidente; se trata de un miembro del servicio exterior. La mala es que ese “servicio exterior” es muy exterior, tan exterior que no incluye a México. Pascual nació en Cuba y emigró con sus padres a EU cuando tenía tres años, pero realmente se ha desempeñado en Europa del Este y poquito más arriba. Fue embajador en Ucrania de 2000 a 2003; coordinador para la asistencia de EU a Europa y Euroasia; fue director de asuntos rusos, ucranianos y euroasiáticos en el Consejo Nacional de Seguridad. Y así. Ah, también ha participado en algunos foros sobre Latinoamérica. Dirían en Washington: habla español, sabe de México. ¿Será?
No crea usted que Ciudad Juárez está en un lecho de rosas. La ocupación federal ha traído menos ejecuciones, pero la amenaza contra civiles sigue o se pone peor. ONG que nos piden no mencionar nombres por razones fáciles de comprender nos dicen que si bien los sicarios se deben sentir más tranquilos con la presencia de policías y soldados (porque, sí, dejaron de matarse entre ellos), los civiles no están pasándola tan bien. Gotean ya las denuncias de violaciones a los derechos humanos, abusos, excesos y desapariciones. Se prepara un documento fuerte. Atentos.
El martes, previo a la sesión en el Senado, la bancada priísta se reunió con su coordinador para evaluar la tormenta de la semana pasada. Resolvió darle un espaldarazo a Manlio Fabio Beltrones por lo de “fajarse los pantalones”. Los senadores hablaron, a puerta cerrada, sobre cómo la crisis está golpeando al campo, al empleo y al PIB. Pero varios de ellos no se pasaron a la sesión, y su ausencia, junto con la de otros opositores, frenó un punto de acuerdo para exigirle al Presidente un informe oficial sobre el caso Banamex. A las 15:45 horas apenas hubo 47 votos. Lástima.
Apunte final: No viene a México La Bohéme. Quizá por culpa de su autor, Giacomo Puccini, quien creó una obra grandilocuente y costosa. Quizá porque el anterior director de Conaculta, Sergio Vela, se soltó la mano con la música (sector del que brincó a funcionario) por encima de cualquiera otra de las artes. La Bohéme nos iba a costar varios millones. Consuelo Sáizar la canceló. Venía de Chile. Deberá pagarse una multa, pero es una mínima parte de lo que quería gastarse el señor Vela.
PLAZA PÚBLICA
(Miguel Ángel Granados Chapa)
A transportistas, paños calientes
Sin satisfacer las necesidades de fondo del numeroso sector dedicado al autotransporte de pasajeros y de carga, la autoridad federal parece suponer que sus demandas se resuelven con obviedades y verborrea burocrática
Los transportistas que el lunes pasado mostraron su capacidad de movilización en la Ciudad de México y en 18 entidades de la República (de las cuales en tres la protesta continuaba al día siguiente) están recibiendo respuestas insuficientes, que no corresponden a la hondura de sus demandas principales. Lo más que han logrado es una exhortación senatorial al Poder Ejecutivo para que haga lo que se ha negado a hacer, que es reducir el precio de los combustibles: el de la gasolina está fijo desde el 7 de enero, pero el del diesel continúa aumentando cada mes, después de que el año pasado creció más de 23 por ciento.
La demanda principal de los camioneros es de carácter fiscal: además de la reducción del precio de gasolina y diesel, solicitan que se les exima temporalmente del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y el aplicable a los depósitos en efectivo. Si bien serán recibidos por un subsecretario en Hacienda está claro que en ese terreno no hallarán respuesta positiva, a menos que incrementen su presión. Tan claro es así, que las fracciones senatoriales de la oposición retiraron de su exhorto a la Presidencia el pedido que atañe a esos impuestos, así como la petición de subsidiar en ciertos casos y condiciones el diesel, cuyo costo creciente afecta la operación de cientos de miles de operadores del transporte de pasajeros y de carga. No se trata de una prebenda, de mantener un privilegio de los que afectan al sistema tributario mexicano. Los camioneros claman porque se reconozca la situación de emergencia en que viven. Digo que así como en casos en que fenómenos de la naturaleza (huracanes, inundaciones, sismos) afectan a los contribuyentes a los que por esa causa la autoridad hacendaria otorga un tratamiento excepcional, así deberían reconocerse las condiciones precarias del autotransporte en general.
Para dar la impresión de que las demandas de ese sector están siendo atendidas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha celebrado acuerdos con dos de las agrupaciones que enarbolaron las banderas que condujeron al paro masivo del lunes pasado. Hoy acudirán a la SCT los miembros de la organización más renuente a aceptar los paños calientes con que se trata de remediar los males profundos del transporte. El sábado 21 el subsecretario de Transporte, Humberto Treviño Landois, cuya experiencia en la materia se limita a haber sido secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, tuvo la habilidad suficiente para hacer que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) aceptara suspender su participación en el paro que ella misma había organizado y se realizaría el lunes siguiente. El martes 24 el subsecretario Treviño repitió su faena, esta vez frente a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) que contó entre las organizaciones que pararon en la víspera. Hoy corresponde al funcionario una tarea en apariencia más ardua. Debe disuadir de continuar su protesta, a cambio de medidas que llegan a lo insulso, a la Alianza Nacional de Transporte Multimodal, que aportó el 23 de marzo la mayor parte de los vehículos parados en el país, 2 mil de ellos en la capital de la República. Si sus líderes son congruentes, Treviño Landois tendrá que esforzarse mucho para obtener al menos que mantengan su objetivo de abrir un compás de espera de un mes antes de insistir en la movilización.
Con la Canacar la SCT suscribió el sábado un acuerdo que cubre aspectos importantes pero marginales en la situación del transporte, que reviste aspectos críticos desde tiempo atrás, y que se han agravado por la crisis en curso. Una de las medidas que se convinieron fue cumplida el martes, cuando se publicó en el Diario Oficial la norma que limita la importación de vehículos usados a modelos del 2004 y los años siguientes, es decir no chatarra rodante. Pero otras medidas son, hay que decirlo sin eufemismos, atole con el dedo. Por ejemplo, el grave problema de la inseguridad en las carreteras, que cotidianamente priva de su patrimonio, sin remedio, a propietarios de vehículos y usuarios, es enfrentado con el anuncio de estudiar la creación de una "Comisión de Seguridad en el Transporte" que busque reforzar "la vigilancia en tramos carreteros específicos" y el establecimiento de un protocolo para la identificación y localización de unidades robadas. Todo ello debería ocurrir normalmente, mediante la sola aplicación de la ley y el despliegue de las fuerzas policiales respectivas. Pero los dirigentes de la Canacar aceptaron ese mecanismo burocrático como si fuera una solución, que no puede serlo porque la dicha comisión sería coordinada por la Secretaría de Gobernación, que carece de competencia en materia de seguridad y que sólo recibiría "el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública", que es la encargada de realizar la vigilancia en los caminos para prevenir los latrocinios que demuelen el esfuerzo de toda una vida de muchas personas. Con la Conatram los acuerdos son menos sustanciosos, y aun risibles. Se convino, por ejemplo, en "conformar una mesa de trabajo con las autoridades de la Secretaría de Economía para identificar las adecuaciones normativas a fin de que el sector participe en los programas de la dependencia". No es que se acepte que esto último ocurra, sino que la mesa de trabajo que se monte ex profeso estudiará "las adecuaciones normativas" para hacer posible tal participación.
Cajón de Sastre
Apenas el 26 de febrero había cumplido 88 años, y el 24 de marzo cerca de la medianoche murió Eulalio Ferrer Rodríguez, una figura humana poliédrica cuyas aristas nunca lastimaron a nadie. Nacido en Santander en 1921, era un adolescente cuando estalló la Guerra Civil, en que por convicción combatió del lado republicano. Luego de un desdichado tránsito por los campos de concentración franceses llegó a México donde en feliz paradoja echó raíces sin perder las que traía consigo. Se convirtió aquí primero en un fulgurante publicista y después en un teórico de la publicidad, cuyas implicaciones artísticas y sociales explicó a fondo, siempre con brillantez y profundidad que le ganaron la silla XXII de la Academia Mexicana de la Lengua. El acendrado cervantismo que cultivó con cuidado y orgullo será recordado como su santo y seña.
INDICADOR POLÍTICO
(Carlos Ramí¬rez)
Al viejo estilo americano -desde Nixon a Bush-, el presidente Barack Obama le aplicó a México el modelo del palo y la zanahoria. Luego de una ofensiva oficial negativa contra el gobierno de Calderón, la Casa Blanca salió con un Programa México basado en el intervencionismo.
Si se revisa la propuesta presentada por Janet Napolitano, exgobernadora de Arizona y secretaria de Seguridad Interna de EU, la Casa Blanca aumenta la presencia de personal policiaco y antidrogas en México y deja abierta la amenaza de movilizar la guardia nacional en la frontera con México.
Por tanto, el punto de partida del programa es el enfoque tradicional de que el problema del narco es de México, no bilateral. Por ejemplo, Obama promete obstaculizar el tráfico de armas de EU a México, pero para nada toca el problema de origen: la facilidad de venta de armas dentro de EU por la existencia de la Segunda Enmienda. Y otra: el consumo de drogas que genera su propia demanda tiene la justificación de los derechos individuales.
En este contexto, el Programa México de la Casa Blanca se enfila al fracaso. Mientras la Casa Blanca no tome la decisión de modificar las leyes locales para prohibir la venta de armas o reprimir el consumo, la demanda de droga y su contexto criminal seguirá latente. En cambio, México debe preguntarse qué van a hacer en México 50 agentes de la Patrulla Fronteriza -la Migra- en el DF si su tarea es vigilar la frontera. Y el aumento de agentes de la DEA en la frontera bilateral será una carga adicional por su estilo arbitrario, arrogante y poco profesional para investigar, además de que la oficina antidrogas opera con el mecanismo de la infiltración.
México debió de haber impugnado el Programa con base en una definición mucho más viable, si acaso se tratara de atacar directamente al narco: manden dinero, no policías. En este contexto cobra vigencia la que podría denominarse la Propuesta Oaxaca, definida por el gobernador Ulises Ruiz: utilizar recursos de fondos judiciales contra el narco para apoyar proyectos de inversión productiva en zonas dominadas por el narco. En Oaxaca se han experimentado dos líneas: el turismo ecológico y los invernaderos.
El mecanismo sería sencillo. Por ejemplo, utilizar fondos ahora asignados a la construcción del muro -que no servirá de nada- para invertirlos en zonas de producción y en ciudades fronterizas donde el narco ha absorbido la demanda de empleo. Se trataría de cambiar la lógica productiva y de paso se ayudaría a disminuir la migración al sentar bases de arraigo de ciudadanos ahora condenados al desempleo. Se podrían utilizar, a decir del gobernador Ruiz, fondos del Banco Mundial y el BID con el sentido de apoyar la inversión en zonas donde los campesinos no tienen más ingreso que el narco. El presidente Calderón bien podría sorprender a Obama con una propuesta para desjudicializar el asunto del narco y enfocarlo como un problema social.
Asimismo, México debería exigirle a EU que le entrara a cuando menos ocho problemas locales que determinan el problema de la demanda de droga y los problemas criminales adjuntos: bajar la venta de armas que hoy defiende la Asociación Nacional del Rifle, atacar la corrupción oficial dentro que permite el tráfico, penalizar el consumo de droga para dificultar el comercio, atacar en serio el lavado de dinero del narco en el sistema bancario estadounidense, desmembrar los carteles de distribución de droga en las calles, atacar en serio el transporte interestatal de droga, impedir que la CIA y la DEA usen la droga como instrumento y convertir el tráfico de droga en un asunto local y no culpar a los demás de sus propios conflictos.
El Programa México de Obama fue preparado con la ofensiva de ataques contra México, cuyo punto culminante fue la acusación del jefe militar de que México es un Estado fallido. Arrinconado México, la Casa Blanca definió una propuesta que tiende a judicializar el tráfico de droga sin ningún compromiso local. Si se revista la Iniciativa Napolitano se encontrarán medidas contra México, invasoras de su soberanía y sin ningún compromiso que acepte la corresponsabilidad de EU en el tráfico de drogas. México debería desempolvar la afirmación del presidente Díaz Ordaz: si México es trampolín del narco, es que EU es la alberca por el consumo y el aprovechamiento financiero de los narcodólares.
Por lo demás, habría que evaluar el contexto político del Programa México anunciado por Napolitano: su espacio de acción sería una frontera dominada por la oposición política: los estados fronterizos del sur de EU están gobernados por republicanos y los estados mexicanos fronterizos por el PRI, en tanto que Obama es demócrata y Calderón es panista. El Programa, por tanto, tendrá efectos políticos.
A pesar de la simpatía a su favor, Obama decidió el camino tradicional del viejo imperio que ve a sus vecinos como culpables y evita cualquier reforma interna. Por eso el Programa México está condenado al fracaso, en tanto EU no decida asumir la parte de culpa que le corresponde en el narcotráfico.
ASALTO A LA RAZÓN
(Carlos Marín)
La culpa de Othón Cortés
Aclarado como está el homicidio de Luis Donaldo Colosio y con el asesino purgando su condena, el retorcimiento de las investigaciones a cargo del tercer fiscal especial, Pablo Chapa Bezanilla, dejó una secuela de daños y víctimas que sigue impune.
Lo más desgarrador es que se le pudrió la existencia al falso “segundo tirador”, Othón Cortés Vázquez, el ex lavacoches en el PRI de Tijuana que padeció 18 meses un injusto encierro en Almoloya.
Este hombre, a la fecha, continúa no solamente privado de sus derechos políticos (el IFE le exige copia certificada de las 65 mil fojas del expediente para darle su credencial de elector), sino además la Suprema Corte lo sentenció a pagar… 18 millones de pesos. ¿Por el asesinato? Desde luego no.
A Othón se le ocurrió demandar a la Procuraduría General de la República por el drama que le provocó Chapa Bezanilla ¡y perdió el caso!, quedando a deber “las costas” de su lógico reclamo.
Ninguna reforma en materia de justicia vale mientras los encarcelados que resultan inocentes merezcan sólo un vil “usted disculpe...”.
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