EL FRACASO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

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por Francisco Javier Velasco Yáñez

Monday, 22 de September de 2008

La Secretaría de la Función Pública omite realizar el proceso de selección de servidores públicos con base en el mérito, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades, señala la Auditoria Superior de la Federación. (Una auditoria realizada en 2007 y todo sigue peor y la corrupción rampante en auge). El Servicio Profesional de Carrera, que depende de la Secretaría de la Función Pública (SFP), no seleccionó a los mejores candidatos para ocupar plazas en las 77 dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal Centralizada. Quienes prestan sus servicios en la Administración Pública Federal y hasta en los otros niveles de gobierno el estatal y el municipal, sienten angustia profunda cada vez que hay cambio de administración porque el momento de tomar posesión del puesto, los ejecutivos estatales y municipales piden para empezar que todos los trabajadores que están en funciones les presenten la renuncia. Y a veces ni siquiera se toman la molestia de prevenirlos, simplemente les llegan con el nuevo titular del puesto que ocupan y los dejan de patitas en la calle. “Hay que pagar los compromisos de campaña”. Y no hay poder que corrija ese vicio de “la cargada”. Para corregir esa falta de seguridad laboral y de permanencia en el puesto, se estableció precisamente el Servicio Profesional de Carrera, que establece que el ingreso de servidores públicos a la Administración Pública Federal se hará en base al mérito de desempeño profesional anterior, precisamente en las funciones del perfil del puesto, con estudio del perfil del profesional que desea acceder a ocupar una vacante. Las vacantes de cubrirán por concurso y los ganadores son aquellos concursantes que obtuvieron las más altas calificaciones para demostrar conocimientos, experiencia, trayectoria y currícula que responda a las necesidades de la Administración Pública Federal conjugando los valores de igualdad de oportunidades, imparcialidad en la designación, refiriéndose al renglón de género principalmente, lo mismo puede ingresar un hombre que una mujer y siempre la persona mejor calificada en los resultados de las evaluaciones. ¿Por qué fracasó el Servicio Profesional de Carrera, según la Auditoria Superior de la Federación? Pues porque El Servicio Profesional de Carrera, que depende de la Secretaría de la Función Pública (SFP), no seleccionó a los mejores candidatos para ocupar plazas en las 77 dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal Centralizada. La Ley del Servicio Profesional de Carrera establece que la operación de éste se debe sujetar a la legalidad, la objetividad, la imparcialidad y la competencia por mérito. No obstante, en la Revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó que de los mil 524 concursos declarados ganados, en 79 no se escogió al postulante mejor calificado en el proceso de ingreso a través del sistema “trabajaEn”. Así, en 12 de las 28 plazas correspondientes a director y director general adjunto, adscritos a ocho dependencias y cuatro órganos desconcentrados, se eligieron a funcionarios con calificaciones por debajo de lo establecido. “Los aspirantes no debieron continuar participando en el proceso de selección, ya que su calificación fue menor a la mínima requerida, en incumplimiento del artículo 32 de dicha Ley”, señala el máximo órgano de fiscalización. La SFP admitió a un director general y otro adjunto con tres y 10 puntos menores a 70, calificación mínima requerida. Lo mismo sucedió en la Secretaría de la Reforma Agraria, donde la vacante de director general fue ocupada por un servidor público que obtuvo 58. Dos directivos en la Secretaría de Salud también obtuvieron puntuaciones menores a 70 y en la Secretaría de Educación Pública uno más alcanzó 66.7 en su examen. Pero todos esos datos estadísticos no son lo más grave de la situación, sino que se sigue admitiendo personal sin pasar por el proceso del programa de ingreso establecido. Esto causa escozor en los servidores públicos que internamente están haciendo su carrera de servicio con el anhelo y el desempeño de que sean tomados en cuenta para cubrir una vacante en niveles superiores que le permitan progresar y ascender de niveles con la esperanza de obtener un sueldo mejor remunerado. Más grave aún es que, haciéndoles creer que su buen desempeño les permitirá ocupar otro cargos dentro de la Administración Pública se les manipula y se les pide “hacer méritos” para que sean tomados en cuenta para esas vacantes en movimientos verticales de ascenso y no se les orienta correctamente sobre la forma reglamentaria de hacer las peticiones de ascenso, simplemente se les pone a trabajar en la nueva responsabilidad haciéndoles creer que serán preferidos en un momento de selección de candidatos a ocupar las vacantes. También en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Instituto Nacional de Ecología se concedieron puestos en direcciones generales y adjuntas a funcionarios con calificaciones que van desde los 58 a los 60 puntos. “Los Comités Técnicos de Selección de cada dependencia no contaron con los parámetros empleados en la entrevista de selección de candidatos, por lo que no fue posible verificar si se eligió a los candidatos que demostraron satisfacer los requisitos del cargo y ser los más aptos para desempeñarlo”, subraya la ASF. Y los servidores públicos desplazados del lugar que se les había prometido por sus “méritos profesionales ya calificados y aceptados como de excelencia” son ignorados permanentemente y ninguneados de su existencia, se les deja seguir trabajando pero nunca les pagan el ingreso correspondiente a la nueva plaza, hasta que se les autorice que ya obtuvieron el “nombramiento” para la nueva plaza; y nunca les dijeron que en esos casos se debe concursar y demostrar los conocimientos técnicos, prácticos, de ejercicio cotidiano de dominio de los conocimientos que corresponden tanto al perfil del puesto como al perfil profesional del futuro ocupante de la plaza, estar trabajando ya en ella resulta pues una desventaja pues nunca se les permitió capacitarse para luchar por ganar los concursos y evaluaciones de conocimientos. La Auditoria emitió seis promociones de intervención de la instancia de control de cada dependencia para realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, fincar responsabilidades administrativas sancionatorias derivadas de los actos u omisiones de los servidores públicos que autorizaron dichas contrataciones. Además ni Función Pública, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ni la Semarnat introdujeron mecanismos confiables para comprobar la legalidad de los documentos proporcionados por los aspirantes para el proceso de ingreso. Éstas son las dependencias con el mayor número de plazas sujetas al Servicio Profesional de Carrera. Discrecionalidad y desorden El órgano fiscalizador advierte que los supuestos establecidos por la Función Pública en el sistema trabajaEn –página electrónica diseñada para administrar la información captada durante el reclutamiento y selección de aspirantes– se aplicaron sin notificar previamente a las entidades, “lo que ocasionó discrecionalidad en el proceso de selección”. El diputado perredista Hugo Eduardo Martínez Padilla, de la Comisión de Vigilancia, opina que el fin de captar a los servidores públicos más aptos fue utópico: “Se ha degradado mucho con la actividad del mismo. A nosotros se nos ha informado que hay gente privilegiada a quien se le permite hacer los exámenes y ascender, entonces se pierde el espíritu inicial y mientras esté coordinado por Función Pública, no habrá un ente que vigile que se ascienda de manera honesta, sin mano negra”. El las Delegaciones Federales se permite que los mandos superiores hagan sus exámenes de evaluación de capacidades ellos solos, sin testigos, en sus respectivos despachos y hasta con asesores que les “soplan” las respuestas y los aplicadores se hacen de la vista gorda, no dan parte de esos abusos y antes bien los propician y les permiten toda clase de chapuzas y topillos, al dejarlos totalmente solos en la elaboración de sus evaluaciones con propósitos de “certificación”. Pese a que el artículo 17 de la Ley del Servicio Profesional indica que el Registro Único (RUSP) deberá incluir a cada servidor público que ingrese al sistema, su proceso de capacitación y desarrollo, trabajaEn no permitió identificar cuántos de los 64 mil 775 aspirantes registrados en 2005 fueron servidores públicos, mientras que 17 dependencias no reportaron información relativa a sus plazas. Martínez Padilla sugiere que hace falta optimizar el programa: “El Servicio Profesional inició como un boom publicitario para aquietar a los burócratas y darles la posibilidad de ascender, pero nunca le hicieron ajustes; entonces no hay seguridad ni control sobre el mismo, porque ya no es una prioridad”. Xavier Ponce de León, vicepresidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), sostenía en 2007 que se debe estabilizar la operación del Servicio Profesional, toda vez que para las dependencias no ha sido fácil definir bien sus estructuras de organización, describir cada uno de sus puestos y los requisitos a cubrir. “Todo es muy apresurado cuando concursan la plaza y hacen la selección, todavía no tienen la descripción de la plaza cuando ya tienen la vacante, entonces hay que despresurizar a las dependencias para tranquilamente seleccionar al mejor candidato. La Ley no ha entrado plenamente en vigor y, para hacerlo, la operación debe recaer en cada dependencia”, subraya Ponce de León. El académico califica la Ley del Servicio Profesional de Carrera como clara para el ingreso y permanencia de servidores públicos, opaca para la salida y omisa en el desarrollo del personal ya ocupado por cada dependencia. “La Ley debería captar potencial de mejora para el servicio público y comprometer el fomento a las instituciones, de tal manera que el personal se desarrolle. La Ley no es para el servicio de carrera de los servidores públicos y no se puede estar reinventando personal en lugar de perfeccionarlo”. Pero los servidores públicos que fueron movilizados de un puesto inferior, aparte de angustiarse porque no les llegan los ingresos de sus nuevas plazas todavía no autorizadas, se alteran cuando llegan nuevos mandos superiores con nuevas ideas y les desconocen el movimiento que hicieron “sin autorización de Oficinas Centrales” y se les regresa a la plaza anterior que desempeñaban tan ejemplarmente: ¡La desmotivación total! ¡El derrumbe de los ánimos! ¡el sepulcro de sus aspiraciones de mejorar! Se sienten defraudados, engañados, burlados, carentes del respeto a su seriedad de desempeño y hasta ofendidos por tantas circunstancias conjuntadas en su contra que fomentan el rencor, la división, el desaliento y la corrupción. Al respecto, la ASF observa que Función Pública no tiene mecanismos que permitan identificar a los servidores públicos candidatos. Tampoco permitió integrar la información respecto a los cursos de capacitación, certificación de habilidades, planes de carrera, promociones, puntuación, movimientos laterales, resultados de las evaluaciones de desempeño, licencias, historial laboral, intercambios y compatibilidades. “Por lo que no fue posible identificar a los servidores públicos con el perfil profesional para ocupar plazas de nivel superior u homólogo con base en los conocimientos, habilidades, experiencia y en los logros alcanzados”, apunta la Auditoria. Los nuevos Delegados Federales tiene que lidiar con la inconformidad al ver que los recién llegados no saben trabajar, ostentan una arrogancia insultante, y toman decisiones descabelladas que los exhiben como patanes ignorantes y amigos del ganador de las elecciones locales, estatales o federales, pero sin los conocimientos para justificar los sueldos elevados de un nivel óptimo que los servidores públicos pensaban que su esperanza de ascenso se obtendría ahora sí en base al mérito, la imparcialidad, la igualdad de oportunidades. Esto hace todavía más difícil al nuevo “jefe” torear la situación de descontento, inconformidad, disgusto y malestar por la frustración que les causa tal engaño. Una división muy difícil de superar. El vicepresidente del INAP reitera que la Ley no tiene clara ni la continuidad del servidor público, ni la aspiración a otro puesto: “Los contratan para ese puesto y para otro, no cuenta lo que se haya tenido. La Ley es para quien desee permanecer en el puesto, porque se hacen evaluaciones semestrales”. La SFP tampoco estableció mecanismos de control para conocer el total las plazas vacantes en las 77 dependencias y careció del registro de 9 mil 815 plazas, a efecto de que fueran concursadas. Por lo demás, no se actualizó el Catálogo de Puestos, lo que impidió determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requirió la Administración Pública Federal. A la par no hubo registro de las estructuras orgánicas para controlar los movimientos organizacionales de los puestos ni manuales de organización y procedimientos para el funcionamiento del Servicio Profesional. Bajo ese tenor, hasta diciembre de 2006 la SFP no había publicado en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para regular la compatibilidad en el desempeño de dos o más cargos, empleos o comisiones y la aprobación de personal de enlace y convenios de intercambio. Programa sin metas El programa para el Servicio Profesional de Carrera 2004-2006 no consideró ninguna meta respecto de la base jurídica para su organización, funcionamiento y desarrollo. Asimismo, “no se incluyeron objetivos e indicadores que evaluaran los principios rectores de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia”, afirma la ASF. La entidad añade que los 24 indicadores establecidos por la SFP resultaron insuficientes para evaluar si se cumplió o no el objetivo de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de garantizar la igualdad de oportunidades y el impulso de la función pública en beneficio de la sociedad. Para evaluar el avance en la instrumentación del Servicio Profesional en cada dependencia, la SFP estableció que cada secretaría y órgano debía alcanzar un total de 541 a 600 puntos acumulados durante 2005 y de 601 a mil en 2006. Sin embargo, la Auditoria observó que en 12 de los 24 indicadores, Función Pública estableció porcentajes de avance inferiores al 95 por ciento para que las dependencias alcancen los puntos requeridos. El máximo órgano de fiscalización considera que “los porcentajes no garantizan que el sistema del Servicio Profesional se aplique en un rango satisfactorio”. Tanto Función Pública como las otras 74 dependencias cumplieron 118 puntos menos de lo programado, es decir, 80 por ciento de la meta. Mientras se viven estas experiencias con el flamante Servicio Profesional de Carrera, los trabajadores de base, que fueron “motivados” con el premio a su desempeño ejemplar permitiendo que ocuparan plazas vacantes dentro de una Delegación Federal, recibieron el estímulo de ganar el fabuloso premio al mejor trabajador del año. Y a ese ganador lo invitaron a pasar a la ciudad de México a recibir el reconocimiento y el premio correspondiente a tan alta distinción. Para su desplazamiento a la Ciudad de México se le proporcionaron viáticos, hospedaje y pasajes de transporte para contar con su presencia en el evento de reconocimientos a todos los mejores trabajadores del año de las distintas secretarías, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal una cantidad equivalente a casi $5,000.00 pesos en gastos de traslado. Hotel de cierto postín, y una ceremonia digna de los reconocimientos que motivarían al trabajador premiado. El día de la ceremonia, todos estaban nerviosos, porque nunca se les dijo ni se les explicó en qué consistiría el premio y el reconocimiento. Así que todos se hacían lenguas de lo que podría ser el mencionado “Premio” al mejor trabajador del año de la secretaría fulana. Al pasar al frente, el “trabajador del año” recibió bien envuelto o tal vez sin envolver, su preciado “Premio”: recibió el paquete y casi se desmaya cuando fue todo lo que le proporcionaron: Una caja de jugos Jumex de frutas diferentes, con 12 latas de jugo. Y lo despacharon para su casa. El coraje fue no solamente para el trabajador premiado, sino para todos los compañeros de la Delegación Federal: ¡¡¡¿¿¿Una caja de 12 latas de jugos de frutas Jumex???!!! Pues sí: Una caja de 12 latas de jugos de frutas Jumex. Todos los trabajadores terminaron de desalentarse, de enfurecerse, de desmotivarse y de protestar por todo, de hacerles la vida de cuadritos a todos los jefes, los viejos y los que van llegando también, pues tienen el propósito de devolver las burlas y las ofensas multiplicadas a la milésima potencia. (El trabajador “premiado” anotó y declaró que hubiera sido mejor premio el que le hubieran proporcionado el dinero que se gastaron en el traslado de su persona a la ceremonia de “premiación,” que el “pinche” premio que le entregaron) Al verificar la capacidad profesional de los 232 funcionarios de la SFP responsables de la aplicación y vigilancia del Servicio Profesional de Carrera, la Auditoria concluyó que no le fue posible saber si el perfil del personal era apto. Luego de haber aplicado un cuestionario a 39 servidores públicos sobre la actuación de la Función Pública, el 41 por ciento calificó el conocimiento y la preparación del personal que impartió capacitación y asesorías en un rango regular. Y el 73 por ciento consideró de malo a regular las bases de organización y funcionamiento para operar el Servicio Profesional. El legislador Hugo Eduardo Martínez Padilla describe al Servicio Profesional de Carrera como un programa más, “sin la prioridad ni la intención de hacer más eficaz la administración pública: no hay interés real para mejorarlo ni intención de revivirlo”. Opacidad en la capacitación En su objetivo, de introducir en el servicio público fundamentos éticos y de aprendizaje para lograr un comportamiento honorable en los funcionarios, el Servicio Profesional de Carrera tiene como ejes el desarrollo profesional y la capacitación y certificación de servidores públicos. Con todo, la ASF descubrió que en 2005 la SFP acordó con los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección de las entidades que no prepararían a los funcionarios en capacidad del servicio público. Función Pública le aclaró al órgano fiscalizador que, a partir de 2006, este punto fue incluido en el adiestramiento para la capacidad técnica transversal y no en forma separada. “Por ello –expresa la Auditoria no fue posible calificar la cobertura de funcionarios instruidos y evaluados en la capacidad de visión del servicio público”. La SFP creó @Campus México para ofrecer a los servidores públicos cursos de capacitación en línea. En 2005, dicho sistema cibernético contaba con 17 opciones de instituciones de educación superior y despachos de capacitación, pero Función Pública no unificó los contenidos de los cursos. Durante 2005 no hubo un Programa Anual de Capacitación de los Servidores Públicos que especificara las necesidades de capacitación y las metas en términos de cuántos funcionarios había por instruir. Además, la SFP no creó indicadores de desempeño que permitieran evaluar si la instrucción les permitió a los aspirantes desarrollar, complementar, perfeccionar y prepararse para su puesto. En promedio, cada uno de los 16 mil 209 servidores públicos recibió dos cursos de capacitación gerencial o directiva, es decir, el 39 por ciento del total de aspirantes. Martínez Padilla propone que los cursos sean impartidos fuera de las dependencias, pues “para mejorar a una persona, a veces, hay que sacarla de su entorno para generar condiciones más propicias o hasta inventivas, pero en base a la experiencia ajena”. A fin de legitimar las habilidades adquiridas, Función Pública contrató al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) para elaborar los reactivos que refrendaran capacidades gerenciales y de visión del servicio público. En el examen participaron 2 mil 345 servidores públicos, pero la SFP no contó con los resultados obtenidos de esta prueba piloto y no se pudo determinar si los cursos permitieron que los servidores públicos obtuvieran su certificación. Si bien Ponce de León asegura que es casi imposible improvisar a una persona en un puesto, menciona que los exámenes exageran en los requisitos para optar por una posición: “Los servidores tienen problemas para aspirar a un puesto dentro de su dependencia y candidatos externos tienen más posibilidades. Eso hay que arreglarlo. No hay que descapitalizarse, no hay que perder buenos recursos humanos. El recurso humano es el capital de la dependencia y debe cuidarlo, fomentarlo, desarrollarlo, no es un lastre y menos cuando ha sido seleccionado y calificado”. Y sin embargo, a pesar de estas observaciones, una compañera extraordinaria y hasta Secretario Técnico de la Delegación, se le pidió que dejara ese puesto y se fuera como titular al Departamento de Educación Ambiental que había quedado acéfalo y se le pidió que ejerciera las funciones del nuevo puesto con esperanzas de mejores ingresos. Cuando advirtió que las indicaciones y los procedimientos estaban más que “oscuros”, enredados, carentes de transparencia y de muy dudosa credibilidad de que efectivamente al poco tiempo ganaría el “concurso” por la plaza, la compañera prefirió y decidió aprovechar la oportunidad de trabajo que le ofrecían fuera de la Delegación y se retiró, dejando con un palmo de narices a quienes esperaban mucho de ella, pero había antecedentes dolorosos de burlas y fraudes y pitorreos que francamente optó por la mejor opción: cambiarse de trabajo, de dependencia y con un mejor sueldo. Se les fue una excelente servidora pública, con desempeño reconocido en niveles de excelencia. Optimización necesaria La SHCP no incluyó en el proyecto anual del Presupuesto de Egresos de la Federación las previsiones necesarias para cubrir las erogaciones para aplicar la Ley del Servicio Profesional, ya que la SFP no publicó oportunamente el Programa para el Servicio Profesional de Carrera. El total de presupuesto fue de 496 millones 452 mil pesos, de los que se usó el 49 por ciento. La ASF constató que los recursos destinados para introducir el sistema se distribuyeron en el último trimestre de 2005, lo que generó que las dependencias reintegraran la parte que no se ejerció y en algunos casos la totalidad a la Tesorería de la Federación. Por cada dependencia se erogaron 982 mil pesos en la operación del servicio y por funcionario el gasto fue de 5 mil pesos y de 85 pesos para cada concurso. Para la capacitación se destinaron 170 millones 402 mil pesos, de los que casi 99 por ciento se utilizaron para las unidades administrativas encargadas de instrumentar el Servicio Profesional de Carrera. “La SFP erogó, con cargo a la actividad de ‘prevenir y abatir la corrupción e impunidad e impulsar la calidad de la gestión pública’, 168 millones 439 mil pesos, monto inferior en 34 por ciento al presupuestado”, resalta el órgano fiscalizador. La Auditoria Superior de la Federación dictaminó que la “Secretaría de la Función Pública carece de sistemas automatizados para registrar las estructuras orgánicas e identificar los movimientos de las plazas vacantes, así como de procedimientos específicos para seleccionar a los aspirantes ganadores. Por lo que no es posible verificar que las plazas vacantes fueran concursadas y que el proceso de selección se efectuara con base en los principios que rigen el servicio profesional de carrera”. Martínez Padilla, quien presentó una iniciativa de ley para evaluar el Servicio Profesional de Carrera, puntualiza que el error de la SFP es no vigilar el desempeño del Servicio Profesional de Carrera. Y nada de todo esto se ha mejorado. MUCHAS GRACIAS, desde Aguascalientes, el “Guacho" del centro. Septiembre de 2008. Fuente: Paulina Monroy.