Columnas políticas en diarios nacionales

A continuación algunas columnas políticas que aparecen los principales diarios de circulación nacional.

INSTITUCIONALES


TEMPLO MAYOR
DENTRO de todo lo grave que tiene el atentado contra el gobernador José Reyes Baeza, al final puede haber algo bueno.

COSA DE VER que uno de los sicarios, si bien resultó herido, está vivo e indudablemente tiene información privilegiada para señalar al autor intelectual y el móvil del atentado en el que perdió la vida un escolta del mandatario.

DE ESTA FORMA, el ex militar Eduardo Hernández Valdez se convierte en pieza clave para esclarecer este nuevo desafío del crimen organizado, que hasta donde se sabe nunca había pegado tan arriba.

EN ESTO resulta vital que las autoridades garanticen la seguridad y la integridad del detenido, pues habrá muchos interesados en callarlo antes de que abra el pico.

AHORA la PGR tiene la oportunidad de colgarse una medalla al pecho si, en verdad, se empeña en investigar el ataque al convoy del gobernador y pone en blanco y negro lo que ocurrió.

PERO si al final prevalece la versión de las autoridades chihuahuenses de que todo fue un incidente de tránsito, el asunto quedará inscrito en la larga lista de impunidades que hacen perder la confianza.


EN ESTOS TIEMPOS de palomeo de candidatos, unos sueñan y otros suenan.

DICEN QUE Salvador Vega, el titular de la Función Pública, anda soñando con la idea de calentar, perdón, de ocupar una curul y, de ahí, preparar su candidatura al gobierno michoacano.

TAN ES ASÍ que en las filas del gobierno federal ya comenzaron a sonar los nombres de quienes podrían entrar al relevo.

ALGUNOS ASEGURAN que Juan Molinar Horcasitas dejaría el IMSS para hacer realidad su sueño de convertirse en secretario de Estado.

SIN EMBARGO, otros mencionan a Alonso Lujambio como el posible sustituto de Vega al frente de la Función Pública.

QUIENES CONOCEN a Lujambio ven difícil esta posibilidad pues si algo le gusta al actual comisionado del IFAI son los buenos puestos y sin muchos sobresaltos, por lo que lo más probable es que se quede donde está.

SERÁ QUE se animará a dar el brinco al gabinete? Es pregunta.


DONDE TAMBIÉN se prevén cambios muy pronto es en el equipo de Fernando Gómez Mont en Bucareli.

MÁS DE UNO da por descontado que el subsecretario con nombre de calle, Abraham González, dejará Gobernación para regresar a las lides electorales en su terruño: Jalisco.

ORIGINALMENTE el funcionario quería competir por la alcaldía de Zapopan, pero como el PAN ya definió que él no será su gallo, todo indica que González optará por una diputación plurinominal en el Congreso jalisciense.

Y, CLARO, él no sería el único en abandonar el barco, pues se dice que quien ya también hizo maletas es su subalterno Gerardo Octavio Solís Gómez, quien fue gobernador sustituto de Jalisco, y que ahora acaba de recibir una oferta del actual mandatario, Emilio González Márquez.

EL MÁS CONTENTO con estos movimientos seguramente será Gómez Mont, pues a ambos funcionarios no los trajo él, sino que se los heredaron.


FINALMENTE el Óscar a la Mejor Película -además de otras siete estatuillas- fue para "Quisiera ser millonario".

PARA TODOS fue una sorpresa descubrir que Hollywood se enamorara así de la historia de un líder sindical mexicano.


TRASCENDIÓ
Que el PRD pagó ya los 100 mil pesos que fijaron los tribunales por el daño moral que le causó el ex presidente de ese partido, Leonel Cota, al obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda.

Onésimo, a su vez, deberá pagarle a Cota unos 20 mil pesos por las costas del pleito. Y el PRD tendrá todavía que cumplir con la parte de la sentencia que lo obliga a ofrecerle una disculpa pública al obispo.

Que las declaraciones en París del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, de que México estaría en riesgo de tener un narcopresidente podrían no haber sido tan casuales.

Trascendió que en algunas oficinas del PAN se estudia desempolvar la versión, nunca probada, de los nexos de Manlio Fabio Beltrones con el narcotráfico.

La acusación original data de 1997. Diez años después, Vicente Fox la quiso revivir. Creerán los panistas que la tercera será la vencida?

Que ya en ésas, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, aprovechará la asamblea general de la CTM para recordarle al PAN que es un año de contienda electoral.

Beatriz lanzará un duro discurso contra la política laboral del gobierno de Felipe Calderón, que ha provocado el cierre de muchas empresas y un desempleo sin comparación en décadas recientes.

Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió como una donación al presupuesto del órgano legislativo los 20 mil pesos que el presidente de la Cámara, César Duarte, reembolsó como una reducción voluntaria de su dieta.

Pero nadie le hizo segunda a Duarte. Los otros 499 diputados siguen ganando lo de siempre.

Veinte mil pesos menos, ni locos!

Que, pese a las indicaciones del cardenal Norberto Rivera de aplicar la tolerancia cero a los sacerdotes pederastas, aún hay dos vicarías, la III y la VI de la Arquidiócesis de México, en donde los obispos auxiliares Felipe Tejeda y Jonás Guerrero no han permitido que a los curas se les imparta el taller Sexualidad en la vida consagrada.

En los talleres se advierte a los sacerdotes sobre las faltas canónicas y penales a las que se enfrentarían en caso de cometer ese delito.

Pero no quieren.


BAJO RESERVA
Presiona el narco. Quiere la cabeza del alcalde de Ciudad Juárez

Este lunes estuvieron en las oficinas del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el titular de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, y otros funcionarios. Afinan la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que será el miércoles, en Ciudad Juárez. Nos cuentan que buscan dar un mensaje claro desde una ciudad que desfallece ante el crimen organizado. La semana pasada, uno de los grupos criminales forzó la renuncia del director de Seguridad Pública. Ahora, claro, quiere la cabeza del alcalde, José Reyes Ferriz, quien está amenazado de muerte.


Los resbalones de los secretarios de Economía, Relaciones Exteriores y Turismo de días pasados tienen un denominador común: fueron en defensa de la guerra del presidente Felipe Calderón contra los narcos. Nos dicen que su mayor preocupación es que la imagen de México en el extranjero se deforma a ritmos acelerados, conforme escala la violencia. En un año complicado, la caída de la confianza impactará por dos vías al país: en los ingresos turísticos y en la IED, Inversión Extranjera Directa. Los tres mosqueteros (Patricia Espinosa, Gerardo Ruiz Mateos y Rodolfo Elizondo) salieron a defender lo suyo sin una estrategia de comunicación conjunta, bien definida. Fallaron. México tiene un problema de imagen, y siempre ha sido interno. Ahora, su viciada reputación se ha vuelto internacional, dijo ayer uno de los periódicos más influyentes en la élite estadounidense, The Christian Science Monitor. Tiene razón.


Un nuevo tema se suma a las preocupaciones del gabinete económico, y principalmente de la Secretaría de Hacienda, de Agustín Carstens: el FMI se queda sin fondos. Difícilmente México podrá obtener recursos por esa fuente, y no es personal. La Unión Europea presiona para que se liberen fondos para Latvia, Hungría y Rumania, con una crisis monetaria terrible. El FMI dice que no hay de dónde. En abril se reunirá el pleno para decidir cómo fondear al Fondo. México estará en esta cumbre, nos dicen.


No tardaron ni 24 horas en responder a Germán Martínez, dirigente del PAN, por su regaño a los que proponen legalizar la mariguana, y por su acusación de que los gobernadores del PRI no hicieron nada contra el narco. El secretario general priísta, Jesús Murillo Karam, de plano calificó las declaraciones de Martínez como estúpidas. Y el presidente del PSD, Jorge Carlos Díaz Cuervo, le reprochó que el gobierno panista se oponga a legalizar las drogas mientras su experimento contra los cárteles ha costado más de mil muertes en lo que va del año. Si la idea del panista era fajarse, misión cumplida.


PLAZA PÚBLICA
(Miguel Ángel Granados Chapa)
Guerrero: violencia policial

A pesar de que se diga que en nuestro país la violencia se da sólo en tres estados, en Guerrero se registran sucesos en que además preocupa el papel que juegan agentes policiacos o que se disfrazan de tales

A la par con Chihuahua, Baja California y Sinaloa -las entidades a las que se reduce la violencia homicida, según la diplomacia mexicana-, Guerrero padece altas tasas de criminalidad vinculada con la delincuencia organizada. En la entidad suriana, sin embargo, hay un factor agravante, causa de extrema preocupación. Es el papel que cumplen agentes policiacos, o delincuentes que se disfrazan de tales, y practican levantones que concluyen en homicidios.

Anteayer domingo fueron identificados por sus familiares los cadáveres de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en el servicio médico forense de Acapulco. Sus cuerpos, hallados el viernes 20 en el municipio de Tecoanapa mostraban huellas de tortura. Habían sido aprehendidos una semana atrás, el viernes 13, en Ayutla de los Libres por tres individuos que ostentaban uniformes de la policía investigadora ministerial que los hicieron subir a un vehículo sin placas.

Raúl Lucas tenía 39 años de edad y Manuel Ponce, 32. Eran presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), un centro promotor de los derechos humanos surgido a raíz de violaciones a las garantías de las personas. El 7 de junio de 1998, en una escuela de la comunidad de El Charco, fueron muertas 11 personas, en lo que se pretendió hacer pasar como un enfrentamiento entre tropas del Ejército mexicano y guerrilleros, si bien quedó claro que sólo hubo fuego por la parte militar, que por lo tanto no sufrió ninguna baja. Tiempo más tarde, en tres comunidades de la misma región 18 varones indígenas fueron esterilizados sin su conocimiento (y en consecuencia sin su consentimiento).

La Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco actuaba en relación con acontecimientos de esa naturaleza, por desgracia no infrecuentes en parajes alejados. Por eso la presencia de Lucas no era grata a las autoridades. El 18 de octubre de 2006 fue retenido por miembros del Ejército y sometido a interrogatorios fuera del marco jurídico. Por ello presentó el 24 de ese mes y año una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los mismos hechos fueron denunciados por el activista ante el Ministerio Público federal, que abrió un averiguación por abuso de autoridad.

Aunque a menudo fue objeto de agresiones (como un ataque armado el 15 de febrero de 2007, del que resultó ileso), Lucas no cejó en su tarea. El año pasado presentó cinco quejas documentadas ante la propia CNDH, sobre allanamientos, robo, daño en propiedad ajena, retenciones e interrogatorios ilegales practicados por militares en comunidades mixtecas y tlapanecas.

La noche del viernes 13, cuando desaparecieron a manos de presuntos o reales agentes de la policía ministerial, el centro de derechos humanos Tlanchinollan solicitó amparo a favor de Lucas y Ponce por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad, y demandó al juzgado séptimo de distrito con sede en Chilpancingo una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones de la policía ministerial, de la municipal de Ayutla, del 48 Batallón de infantería establecido en Cruz Grande y en las oficinas de la PGR en Acapulco y Chilpancingo. Las familias de los desaparecidos acudieron rápidamente, el 14 de febrero, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pos de medidas cautelares que los protegieran. Ninguna de esas gestiones prosperó de inmediato y se quedaron sin materia cuando fueron hallados los cadáveres. Es de temer, dados los factores en presencia -militares y agentes ministeriales- que así como no se movió la maquinaria judicial en tratándose de su desaparición, tampoco haya acciones destinadas a averiguar lo sucedido y a castigar a los responsables.

Tal impunidad es pronosticable a la luz del papel que parece estar jugando la policía ministerial o grupos en su interior que actúan como en aparente fuera de control. Para citar un ejemplo de gravedad semejante tomamos el caso del profesor Máximo Mojica que a principios de enero fue levantado en Teleoloapan, por individuos encapuchados que actuaban como si fueran agentes de la policía adscrita a la Procuraduría estatal. Cuando se disponía a denunciar el hecho, la señora María de los Ángeles Hernández fue también detenida y, con un muchacho que por azar se hallaba a la mano del grupo paramilitar, hecha desaparecer. Días después, sin embargo, aparecieron en manos del Ministerio Público en Acapulco, que solicitó y obtuvo el arraigo de las tres personas. La semana pasada, el 18 de febrero el arraigo fue levantado pues un juez accedió a librar órdenes de aprehensión contra las tres personas, bajo la acusación de haber secuestrado en octubre pasado, en Atoyac, a la profesora Adriana de Jesús. Al igual que Lucas, que fue hecho desaparecer en circunstancias semejantes aunque su suerte fue peor, Mojica es un activista social: dirige la organización Tierra y Libertad y participa en movimientos de reivindicación magisterial y de solicitantes de vivienda popular.

Además de lo anotado, este fin de semana pasado Guerrero fue escenario de insólitos actos de violencia a los que será necesario referirse con mayor detenimiento. El la madrugada del viernes, unos 200 militares catearon varios domicilios en Zihuatanejo y detuvieron a varias personas, entre ellas el hijo de un ex alcalde de Petatlán, Francisco Javier Rodríguez Aceves, quien al día siguiente negó que su hijo y él mismo tuvieran nexos con el narcotráfico. Horas después lo asesinaron en su pueblo.



INDICADOR POLÍTICO
(Carlos Ramírez)
El escenario del narcotráfico tiene tres pistas preocupantes:

1) La ofensiva de respuesta del narco contra el ejército y la PGR por la disputa de territorios, luego de que las fuerzas militares recuperaron las zonas francas en poder del crimen organizado.

2) La interrelación entre tres hechos: ataques más violentos del narco, campaña contra el gobierno panista para sacar al ejército de la lucha contra las mafias del tráfico y aumento de las tendencias electorales del PRI.

3) Y la muy evidente pasividad del gobierno del presidente Barack Obama hacia el narcotráfico en México, toda vez que es producto de la demanda de droga de los estadounidenses.

En el fondo, la narcoestrategia podría tener también tres objetivos:

1) Debilitar al gobierno de Calderón por su ofensiva y, por obvias razones, beneficiar al principal partido de oposición, el PRI.

2) Obligar al Estado a pactar con las mafias del narcotráfico o meter al país en una escalada de violencia vía el miedo en la sociedad, a partir del criterio de que más vale negociar con el narco o legalizar la droga que mantener la lucha contra las mafias.

3) Impedir el avance de la alternancia-transición hacia un nuevo orden político con la recuperación de los espacios tomados por el crimen organizado y regresar al modelo priista de entendimiento entre el gobierno y las mafias, aunque pasando, como en el pasado priista, por la complicidad de policías, funcionarios y políticos con el narco.

Existen tres temas sueltos pero estrechamente vinculados al escenario de la guerra del narcotráfico.

1) Liberación de José Antonio Zorrilla Pérez, acusado de haber asesinado al columnista Manuel Buendía en mayo de 1984 cuando se disponía a publicar pruebas de vinculaciones de policías con el narco. Zorrilla fue apresado por el caso Buendía pero no por su presunta relación con el narcotráfico. Zorrilla fue jefe de la Federal de Seguridad y político priista.

2) Radicalización de las acusaciones de López Obrador contra el gobierno de Calderón, pero dejando el criterio de que más valía pactar con el narco que azuzar el avispero. El fin de semana fue detenido en Cancún un operador político de López Obrador, Marco Antonio Mejía López, acusado de haberle cedido el control de la cárcel del municipio a los Zetas. Las críticas de López Obrador ocurrieron después de anunciarse la aprehensión de Mejía López.

3) Reforma del Estado para liquidar el sistema presidencial que la oposición priista ha impedido consolidar y trasladar el poder de decisión hacia un poder legislativo de poder difuminado entre muchos grupos de poder. Los problemas del gobierno federal para combatir al narco no tienen que ver nada más con su relativa incapacidad en definir estrategias variadas sino en que los espacios legislativos no lo han dotado de instrumentos eficientes contra las mafias.

Asimismo, hay tres escenarios de acotamiento institucional, sin otorgamiento de espacios de modernización:

1) Presión para regresar al ejército a sus cuarteles, a pesar de las evidencias de que el armamento del crimen organizado es muy superior al de las policías y datos cotidianos de que las policías federales, estatales y municipales han sido penetradas por el narcotráfico. Regresar el ejército a los cuarteles significaría la cesión de la plaza al narco.

2) Resolución de la Corte sobre Atenco para paralizar a las policías ante la insurrección popular en las calles, pero sin dotar a los cuerpos de seguridad de los instrumentos necesarios para combatir la ilegalidad de la criminalidad. Hay un mensaje implícito en el caso Atenco porque se trata del grupo que desenfundó los machetes y los usó como arma de agresión contra policías. La policía necesita mecanismos de control de fuerza, pero los grupos radicales deben de regresar a los espacios institucionales.

3) Limitación de las actividades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para taparle los ojos al Estado.

Y hay tres datos que revelan que las bandas del narcotráfico no están jugando y ya se metieron en una disputa por el poder con las instituciones democráticas.

1) La balacera en las calles de Reynosa, Tamaulipas, el 17 de febrero, con una banda criminal encabezada por el encargado del cartel del Golfo, Gregorio Saucedo Gamboa El Caramuela, mostró la impunidad del crimen organizado en su batalla callejera. Los delincuentes usaron granadas, un mortero y armas largas y cortas. Sólo el ejército pudo contener la agresión.

2) La agresión contra el gobernador de Chihuahua debe estar relacionada con las amenazas del narcotráfico contra el jefe de la policía municipal de Ciudad Juárez para obligarlo a renunciar o matarían a agentes de la policía. El narco ya no sólo resiste o responde, sino que tomó la iniciativa de obligar a las autoridades a replegarse.

3) Como fase siguiente de la violencia, el crimen organizado pasó al asesinato de militares, y ya no de baja graduación sino de un general de brigada como el de Cancún. Con este salto cualitativo el narco demostró que la guerra es hasta el final.



ASALTO A LA RAZÓN
(Carlos Marín)
Saben disparar

El domingo, cuando habló del enfrentamiento en que falleció uno de los responsables de su seguridad personal, el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, dejó la impresión de que quiso bajarle volumen a un narcoatentado contra su vida, al afirmar que la balacera se dio entre desconocidos y una escolta satélite, en la retaguardia del convoy en que suele desplazarse.

La hipótesis tiene sentido porque Chihuahua encabeza el número de ejecuciones en lo que va del año: 455 (seguido por Guerrero, con 106).

Sin embargo, a veces lo que se antoja lógico resulta otra cosa, y en este caso, según afirman los responsables de la indagación, se trató de una fatal coincidencia y altercado entre los ocupantes del último vehículo de escoltas con los de otro, donde viajaban cinco rijosos, entre éstos un ex militar.

Alivia que se diga que nadie inauguró la temporada de caza de gobernadores, pero inquieta recordar que uno de cada tres narcodetenidos es desertor o formalizó su baja del Ejército donde aprendió a disparar.