Acusan al Gobierno de violar la Ley de Servicio Profesional de Carrera

Directo de el periodico la Cronica:
fuente | Nacional	Lunes 5 de Marzo, 2007 | modificación: 02:14
FOTOS: API Miguel Angel Lasses Mina, quien el tres de enero pasado fue relevado del cargo de director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP, denunció el despido de servidores públicos que fueron contratados con base en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el cual —afirmó— se ha dado de enero a la fecha en diversas secretarías de Estado. “Es una violación a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal que aprobó un gobierno panista y que hoy está siendo violada por otro gobierno panista”, sostuvo. En declaraciones a Crónica Lasses Medina anunció que convocará a los más de tres mil servidores públicos de carrera para constituirse en una asociación, con el fin de evitar “que este gobierno se quede con todas las canicas y quiera proponer al Congreso la derogación de esta ley”. Refirió que como parte de la intención de despedir a los servidores públicos que fueron contratados mediante el Servicio Profesional de Carrera, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, contrató a más de 25 nuevos funcionarios valiéndose del artículo 34, el cual establece que los puede nombrar de manera provisional. “Debió haber sacado a concurso esas plazas en la página www.trabajaen.gob que es la página oficial y ahí no hay nada”, refirió. “Están haciendo tiempo para derogar esta ley, cambiarla y pegarles a todos los que pasamos por el proceso de exámenes”, expresó. Miguel Angel Lasses, calificó de mala intención por parte del Gobierno de Felipe Calderón el despedir a los servidores públicos, y ante ello “es necesario defendernos y actuar políticamente, lo que paradójicamente prohíbe el artículo 63 de la Ley de Servicio Profesional de Carrera”. Enseguida citó el artículo 63: “El Artículo 63 establece que la pertenencia al servicio no implica inamovilidad de los servidores públicos de carrera y demás categorías en la administración pública, pero sí garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en ésta o en otras leyes aplicables”. Sin embargo, dijo, en la SEP ha habido más de 10 despidos, lo mismo que en la Sagarpa y el Instituto de Solidaridad. En torno a su despido refirió —tal como lo hizo en una carta enviada al Presidente Felipe Calderón y de la cual Crónica tiene copia—, que fue el doctor Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media de la SEP, quien le anunció que “por instrucciones presidenciales debería hacer la entrega de la dirección a su cargo a la licenciada Suhaila Elías con fecha 1 de enero”. La entrega-recepción se realizó el 15 de enero del año en curso, de acuerdo con el oficio NO. 0006 de la subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP. Con 30 años de trabajo en el sector público, Lasses Mina relata que en gobiernos priistas, cuando llegaba a una dependencia con un grupo tenía que irse con ese mismo grupo. “Nunca dije nada porque así era, no había legislación, pero a este cargo llegué por mi propio pie, nadie me llevó, nadie me invitó. Pasé los exámenes y durante los 6 meses demostré que soy la persona adecuada para mi puesto”. Refirió que “la persona que ahora ocupa su cargo (Suhaila Elías), no tiene nombramiento, viene de estar con Eduardo Sojo, es administradora y planificadora y antes estuvo con Ignacio Loyola en Querétaro donde fue secretaria de Planeación y Administración, que la pongan en el puesto adecuado, dijo”. Lasses Mena explicó que la ley se creó para evitar estos cambios sexenales y el costo de la curva de aprendizaje que pagamos los contribuyentes. “Cada examen cuesta más de 10 millones de pesos, porque dura más de seis meses y se involucran más de 60 personas expertas y participan más de 2 mil personas como aspirante”, dijo. Abundó que “el dinero de los concursos se está tirando a la basura y todo lo que se trabajó durante 25 años para que se tuviera una ley, también se está tirando a la basura. Se está pisoteando lo que durante muchos años se estuvo haciendo sin que les importe lo que costó y lo que se avanzó. Yo voy a ir hasta el final; a mi me tienen que reinstalar”. Lasses Mina indicó que su cargo no cae en los supuestos establecidos en el artículo 7 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal donde queda asentado que “los servidores públicos que formen parte de los gabinetes de apoyo serán nombrados y removidos libremente por su superior jerárquico inmediato”. “No entra porque eso corresponde a enlaces y asesores y no era mi caso”, dijo. Desde su perspectiva, la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo les fue atractiva (a quienes decidieron su remoción) dado que “tiene 198 planteles en el país, 197 descentralizados, más de 100 acciones móviles; tenemos más de 10 mil colaboradores del SNTE. Tuvimos el año pasado un presupuesto de cerca de 3 mil millones de pesos”.