viernes, 22 de mayo de 2009

Opiniones políticas en diarios nacionales


A continuación algunas columnas polí­ticas que aparecen los principales diarios de circulación nacional.

TEMPLO MAYOR
JUSTO AHORA que las empresas claman por liquidez, el gobierno de Marcelo Ebrard cerró las llaves del presupuesto.

CONTRATISTAS y proveedores de la administración capitalina, incluidas las 16 delegaciones políticas, se quejan amargamente de que después de la crisis económica y el frenón por la influenza el GDF les está dando la puntilla.

PAPELES EN MANO reclaman pagos con varios meses de atraso que, supuestamente, ya están debidamente autorizados por todas las autoridades correspondientes.

SIN EMBARGO, cada vez que se presentan a cobrar les salen con la misma excusa una y otra vez: "No hay dinero".

SEGÚN ESTO la Secretaría de Finanzas, que encabeza Mario Delgado, nomás no está soltando los recursos y su argumento es que no los tienen.

¿SERÁ QUE también al gobierno capitalino le pegó la crisis o, como dicen por ahí, que está usando la lana con la mira puesta en las urnas? Ésa es una pregunta de muchos pesos y centavos.


EL VENEZOLANO Hugo Chávez ha de estar impaciente esperando una llamada desde México.

DESDE HACE tres semanas pidió al gobierno de Felipe Calderón el beneplácito para nombrar a Trino Alcides Díaz como nuevo embajador de Venezuela, pero hasta ahora no ve claro.

POR LO QUE se comenta en aquella nación, a Chávez le urge la confirmación mexicana no sólo para someter el nombramiento a la aprobación de la Asamblea de Chávez, perdón, la Asamblea Nacional... sino también para deshacerse del diplomático.

Y TODO porque con Díaz ha tenido una relación tirante, pero sobre todo porque a últimas fechas se le estaba candidateando para presidir el Banco Central de Venezuela, cosa que al presidente ex golpista no le agrada.

SIN EMBARGO, Chávez tendrá que tomar pasiflorine para calmar sus ansias, pues todo indica que el gobierno mexicano se va a tomar su tiempo antes de dar el beneplácito.

A LO MEJOR no quieren volver a vivir la triste experiencia de padecer un embajador pendenciero como fue el caso de Roy Chaderton, quien dejó el cargo hace ya 10 meses. ¡Y ni quien lo extrañe!


EL "RESCATE" de los 53 reos del penal de Cieneguillas, en Zacatecas, evidencia mucho más que una simple complicidad de autoridades penitenciarias y los cárteles de la droga.

SI YA DE POR SÍ es grave el nivel de impunidad con que se manejan las bandas delictivas, es igual o peor el nivel de simulación alcanzada, no sólo en el penal, sino en todo el ámbito policiaco.

PORQUE si la PGR dice que los que se ven en los videos rescatando a los reos eran maleantes disfrazados de policías federales... ¿dónde estaban, entonces, los policías legítimos?

NOMÁS no se explica que una nutrida caravana compuesta por supuestas patrullas se desplace a toda velocidad con las torretas encendidas, en medio de la madrugada, sin siquiera despertar la mínima curiosidad de alguno de los policías "buenos".

QUEDA CLARO que en la fuga de esos reos habrá muchos detenidos por colusión. Falta ver si, al final, también se echará mano a los que pecaron por omisión.


Y AHORA la pregunta de la semana: entre los suertudotes que ganarán las 59 Hummer que hoy rifará Elba Esther Gordillo, ¿habrá gente común o casualmente puros líderes seccionales del SNTE? Hagan sus apuestas.


TRASCENDIÓ
Que la Secretaría de la Defensa Nacional aprehendió el miércoles a Raymundo Almanza Morales, alias El Gori o El Ray, y a tres de sus cómplices en Monterrey, Nuevo León, por su presunta relación con el cártel del Golfo.

El Ray es hermano de El Gori 4, detenido el 9 de febrero en Cancún, como supuesto responsable de la ejecución del general Tello Quiñones.

Que en la fracción del PRD en el Senado hay un grupo de legisladores inconformes, como el oaxaqueño Salomón Jara, con el trato que se le ha dado a Ricardo Monreal, ya que la coordinación debió consultar con toda la bancada el arropamiento a la gobernadora Amalia García.

La disputa zacatecana, por cierto, motivó ajustes entre las tribus, como el cambio de actitud de la mandataria estatal, quien limó asperezas de la noche a la mañana con Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD, con quien estaba distanciada desde que ella optó por apoyar a Marcelo Ebrard en las internas rumbo al GDF. O sea, ya hace rato.

Que se tambalea la participación del presidente Felipe Calderón en el quinto Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, a celebrarse en Medellín, Colombia, a partir del 29 de mayo.

A pesar de que todo estaba preparado en Los Pinos para la primera gira internacional desde la epidemia del virus de la influenza humana, el mandatario se reunió ayer con su equipo y el de la cancillería, que encabeza Patricia Espinosa, para evaluar este viaje y otro a El Salvador, el 1 de junio, para el relevo presidencial en ese país.

Que hoy, durante la firma del Acuerdo Nacional por la Productividad en Los Pinos, será el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien dé la cara ante la inconformidad de los empresarios y líderes sindicales por la poca efectividad de los programas anticrisis.

El presidente Felipe Calderón fungirá sólo como “testigo de honor”.

Que a propósito de la emergencia e-pi-de-mio-ló-gi-ca, el secretario de Educación, Alonso Lujambio, confía plenamente en la “disposición” de la maestra Elba Esther Gordillo para que el sindicato “coadyuve” a cumplir con el calendario escolar de 200 días, y aclara que hasta el momento no ha negociado pago extra alguno con ese gremio.



BAJO RESERVA
Los constantes ajustes a la baja hacen pensar que los números no son el fuerte del gobierno federal

Carlos Slim lo dijo así el 9 de febrero pasado: “No quiero ser catastrofista, pero (la crisis) es una situación que va a ser delicada, y hay que prepararse para prever y no estar viendo las consecuencias después, y estar llorando”. El gobernador del Banxico, Guillermo Ortiz, lo advirtió casi con las mismas palabras por esas fechas. Y, bueno, el gobierno federal (Felipe Calderón, Javier Lozano…) y el PAN se sintieron ofendidos por su “catastrofismo”. Lozano casi crucifica a Slim, recuerde, hace tres meses y medio, cuando el cálculo oficial era de un crecimiento de 1% a 0.5%. Ahora, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, calcula una caída de PIB de 5.5%. Sólo en el primer trimestre de 2009 la caída fue de 8.2%. Uno se pregunta: ¿quién hace los cálculos oficiales en este país, y cómo es posible una corrección de seis puntos porcentuales de PIB en sólo 15 semanas? Si usted argumenta que “el mundo entero” anda en las mismas, pues no: no hay registro de una corrección de este tamaño en economía alguna. Pareciera que el manejo de números (recuerde lo que pasó con los muertos y la influenza) no es el fuerte de esta administración.


Por lo menos dos bumeranes persiguen a la gobernadora de Zacatecas, Amalia García. Primero acusó a Ricardo Monreal y a sus hermanos de narcotráfico, sin tener, hasta donde se sabe, pruebas irrefutables a la mano. Ahora el senador es percibido como víctima de acoso político, sea culpable o no de delito alguno. Después, la gobernadora filtró los videos de la fuga de 53 reos del penal de Cieneguillas, nos explica una fuente, “para tratar de inculpar a agentes federales y así evadir su responsabilidad”. Y pues no, no eran agentes federales. La PGR aclaró, ayer mismo, la versión, en una conferencia que no estaba programada como se dio. Mientras el problema de inseguridad relacionado con el narcotráfico se ha agudizado en Zacatecas, doña Amalia se entretiene jugando al ajedrez político.

Aparece en las paredes del DF por las mañanas, todos los días, y los servicios de limpieza lo borran. El mensaje dice algo así como: “Van a ver en el 2010”. Ya generó preocupación. Hay varias tesis; unos sostienen que son amagos de grupos subversivos; otros apuntan a los narcos. El temor, nos dicen, es que el próximo año, en plena celebración del centenario o del bicentenario (un 20 de noviembre o un 16 de septiembre) el crimen organizado pretenda un atentado como el que se dio el año pasado en Morelia, Michoacán, justo para una fiesta popular mexicana.

Apunte final: El presidente del INEGI, Eduardo Sojo, dijo ayer que salir de esta crisis económica será más difícil que en 1982 y 1995. Ojalá todos aceptaran desde ahora que así será. Lo dijo Paul Krugman hace casi seis meses: el rebote no será una “V”, ni siquiera una “U”. Lo más claro, hasta ahora, es que tendremos una prolongada “L”.



PLAZA PÚBLICA
(Miguel Ángel Granados Chapa)
Sistema penitenciario, un fracaso

Todos los días un acontecimiento grave ocurre en alguno de los 438 penales de la República: en estos días de mayo, ocurrió una fuga masiva en Zacatecas, y un motín reprimido con dureza en el Distrito Federal. En marzo en el Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez fueron asesinados 21 reclusos en una riña entre reos. Y en septiembre anterior en Tijuana, otra ciudad emblemática del narcotráfico, un número similar de muertes fue provocado por la represión excesiva a presos amotinados.

Un juicio sumario, pero no simplón, al sistema penitenciario mexicano no puede menos que concluir que sirve para todo menos para el propósito que lo define y da nombre a sus establecimientos: no hay readaptación social posible en ellos. Imperan allí la violencia y la corrupción, la práctica de delitos contra internos y hacia fuera, el hacinamiento. Casi no hay cárcel que encierre al número de reclusos para el que está diseñada. Casi todas se hallan en el extremo contrario. En Baja California, por escoger un ejemplo al azar, hay una sobrepoblación de ciento por ciento. En el Distrito Federal el porcentaje es cercano a ese máximo: en sus 10 penales se amontonan 40 mil reos, en espacios construidos para 21 mil.

En la capital de la República están bien identificadas las causas de la sobrepoblación: un número muy grande de presos no pueden pagar la fianza que se les reclama para obtener la libertad a que tienen derecho mediante ese requisito. Y se ha acrecentado el censo porque reformas legales alentadas por la desesperación social imponen penas de prisión a delitos como el robo simple cuyo monto sea menor a 2 mil pesos. Igualmente crece el número de reos del fuero federal alojados en centros de reclusión locales, promiscuidad de la que surgen otras graves dificultades que el régimen carcelario no está en condiciones de enfrentar.

Desde la perspectiva de su competencia, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha preparado un proyecto de ley penitenciaria. Partió para formularlo de consideraciones como la registrada en el Diagnóstico de derechos humanos del Distrito Federal:

"Las violaciones a los derechos humanos de las personas recluidas más recurrentes son hacinamiento, suministro insuficiente de agua, negligencia médica, problemas de salud pública, desabasto de alimentos, tortura, corrupción por parte del personal administrativo, negativa y suspensiones de visita familiar o íntima, discrecionalidad en los beneficios de la libertad anticipada, problemas en las zonas de aislamiento".

Desde su fundación en 1993, y hasta el año pasado, la CDHDF ha emitido 40 recomendaciones sobre la materia a las autoridades. La mitad han sido consideradas como cumplidas por el órgano emisor. Pero de poco o nada vale el que se acaten las recomendaciones, porque su alcance particular no impide que las conductas denunciadas se repitan. Por eso se hizo precisa una propuesta general que adquirió la forma de proyecto de ley penitenciaria. Pero hay aspectos de la vida carcelaria que no pueden ser remediados y ni siquiera incluidos en normas legales que sin duda contribuirían a mejorar la vida en los penales, pero que deben ser parte de una reforma penal y aun social más amplia.

Téngase en primer lugar la corrupción, que podría y debería ser contenida y aun eliminada sin necesidad de nuevas disposiciones legales. Parecería que los funcionarios de todo nivel en las cárceles de todo el país son movidos por una mecánica compensatoria: el carácter peligroso y lúgubre de su misión debe ser aliviado con la obtención de gajes que remedien las magras remuneraciones que oficialmente reciben. Para ello admiten la relajación de la vida en la comunidad carcelaria, que puede llegar al extremo del cogobierno, es decir la coexistencia de autoridades formales que simulan no ver lo que acontece en las crujías y en las celdas. En ellas, al cobijo de esta corrupción, se realizan delitos como el tráfico de estupefacientes y los secuestros organizados y dirigidos por vía telefónica. Apenas resulta comprensible que no se practiquen periódicamente revisiones que impidan la posesión y uso de teléfonos celulares y el comercio de drogas, tal como se presume que se hace para evitar los de armas y objetos punzocortantes.

Otras maneras de corrupción son las que permiten acontecimientos como la evasión masiva de 53 reos en Zacatecas. Es claro que los custodios y otras autoridades del penal de Cieneguillas fueron cómplices de la fuga. Pero también lo son las autoridades policiacas federales, que en ésta como en otras ocasiones han dejado transitar por carreteras federales convoyes -el del sábado pasado en suelo zacatecano estaba integrado por ocho vehículos- con gente ostensiblemente armada a bordo. Eso, en el supuesto de que los miembros del comando armado que asaltaron de modo incruento el Cereso de marras se hayan disfrazado de agentes federales y no lo sean realmente.

La sociedad no puede ver con impasibilidad que fácilmente se trueca en indiferencia lo que ocurre en las cárceles, aun por la mezquina consideración de que brotan de allí acciones del crimen organizado. Se requiere aplicar con rigor las leyes presentes y reformar los códigos para despresurizar las prisiones manteniendo en ellas a un número mucho menor del que actualmente se inicia en la delincuencia o afina allí sus tácticas y sus modos. La readaptación social debe dejar de ser una denominación burlesca.


Cajón de Sastre

Pasado mañana se cumplen dos años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de quienes se supo por última vez que fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca presuntamente por agentes locales y probablemente entregados al Ejército, sin que se les condujera a la autoridad ministerial correspondiente, de acusárseles de algún delito y por su pertenencia al Ejército Popular Revolucionario. El Estado no ha sido capaz de localizarlos y presentarlos con vida, como tampoco ha podido hacerlo con otras víctimas de ese tipo de privación ilegal de la libertad, perdidas todas en el mayo trágico de 2007: dos reporteros de TV Azteca desaparecidos en Monterrey, un jefe de la policía ministerial en Torreón y el líder sindical petrolero de Cadereyta, y decenas de sus compañeros. ¡Qué falta de autoridad frente a los poderes que hicieron esfumarse a esos hombres!



INDICADOR POLÍTICO
(Carlos Ramí¬rez)
En el contexto del recordatorio que hizo el expresidente De la Madrid sobre el narcotráfico en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pasado mañana domingo 24 de mayo se cumplen 16 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 y aún no hay sentencias firmes para nadie.

Peor aún, existe un hecho que ha querido ser ocultado por Salinas y funcionarios involucrados: el 12 de diciembre de 2005, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco ordenó -Toca Judicial 1292/2004- la reposición de todo el proceso de investigación del Caso Posadas porque estuvo plagado de irregularidades. Es decir, que habrá que rehacer la indagación. Un caso es significativo en las irregularidades: dos involucrados fueron interrogados por la misma persona, a la misma hora pero en dos lugares diferentes. Ello quiere decir que el Caso Posadas está judicialmente abierto.

Si Salinas dice que sus expedientes son cosa juzgada, el Caso Posadas sigue latente en el Vaticano, aún abierto judicialmente en México y una larga lista de evidencias sospechosamente sin investigar. La tesis oficial del asesinato en la confusión de un fuego cruzado -orquestada por Salinas-Carpizo- se enfrenta a la tesis no oficial de un crimen político para acallar la información que poseía el cardenal sobre el narcotráfico en el sexenio salinista.

El tema del narcotráfico en el salinismo fue recalentado por De la Madrid, con todo y su posterior desmentido. Porque siguen latentes varios datos que revelan el auge del narco en el sexenio 1989-1994. Por ejemplo, la confirmación de que el narco había penetrado a la policía judicial federal de la PGR, entonces bajo la autoridad de Jorge Carpizo McGregor. El dato fue confirmado por el propio Carpizo en declaraciones públicas con una anécdota muchas veces contada pero hasta la fecha no investigada judicialmente y que relacionaba el narco con el caso Posadas:

En diciembre de 1993, inopinadamente, los hermanos Arellano Félix, miembros del cártel de Tijuana, arribaron a la Nunciatura del Vaticano en el DF para contarle al nuncio Jerónimo Prigione que ellos no habían asesinado al cardenal. El nuncio fue a Los Pinos y el presidente Salinas citó a Carpizo para evaluar el asunto. El procurador Carpizo, contó después, llegó en pantuflas a la casa presidencial. La propuesta era un operativo para arrestar a los Arellano. Carpizo se opuso porque para el procurador la policía judicial federal estaba penetrada por el narco. La confesión de parte relevó las pruebas. Los Arellano se retiraron de la Nunciatura ante la pasividad de la policía judicial de la PGR.

Las afirmaciones de Carpizo se confirmaron después: Adrián Carrera, jefe de la judicial federal de la PGR de Salinas dirigida por Carpizo McGregor, actualmente es testigo protegido después de aceptar que colaboró con el narco en su estancia en la Procuraduría con Carpizo. Carrera fue una designación directa de Carpizo, a pesar de los datos circulados entonces, conocidos por el procurador Carpizo, de que Carrera era un aliado de capos del narco.

Más aún: por designación directa de Carpizo y la autorización especial del entonces presidente Salinas, Mario Ruiz Massieu fue designado subprocurador de la República de Carpizo e inclusive Carpizo y Salinas le inventaron un cargo entonces inexistente de "subprocurador general". Mario Ruiz Massieu había sido uno de los principales colaboradores de Carpizo en la Rectoría de la UNAM. A finales de 1994 Mario renunció a la PGR, huyó a EU, fue detenido con cuentas secretas por millones de dólares procedentes del narco mientras era funcionario salinista y después apareció sospechosamente "suicidado".

Así, el libro de Ahumada, las revelaciones de Salinas y un próximo libro sobre Salinas que saldrá pronto a circulación son parte de la memoria social sobre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y contextualizan los tiempos políticos del PRI en su camino de recuperación del poder. Y ahora se agregan mayores datos sobre el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, que Salinas y Carpizo han querido encasillar en la confusión pese a la existencia de indicios de que tuvo que ver con el narcotráfico en el sexenio salinista. Las denuncias de De la Madrid sobre el narcosalinismo involucran a su entonces procurador Carpizo.

Los dos principales señalados en el asesinato de Posadas están ahora lejos del alcance de la justicia; Joaquín El Chapo Guzmán Loera se fugó de la prisión en Jalisco al arrancar el sexenio de Vicente Fox y Jesús Alberto El Gory Bayardo Reyes fue entregado al FBI de Estados Unidos sin haber desahogado el Caso Posadas en México. En una declaración en EU, Bayardo reveló que el narco Édgar Antonio García Dávila -detenido, liberado y luego asesinado- reveló que "al cardenal no lo mataron ni los del grupo de los Arellano ni los de la banda de El Chapo Guzmán", sino que "lo mandaron matar por la información que poseía del narcotráfico".

En este contexto, las declaraciones de De la Madrid -que fueron censuradas por el PRI- fueron apenas la punta del iceberg de una investigación judicial sobre el narco en el gobierno priista de Salinas. Y sobre todo, con el antecedente de que al cardenal Posadas lo mataron por lo que sabía del narco en el gobierno salinista.



ASALTO A LA RAZÓN
(Carlos Marín)
Unabomber en Teotihuacan

El delirio de los extremistas funde en uno los ideales de izquierda o derecha que proclaman, y su conducta suele desembocar en tragedias o provocar carcajadas.

Por el reportero Andrés Becerril uno se entera que Salvador D’Herrera Arzicorreta, líder del Frente Cívico en Defensa de Teotihuacan, atentó el 16 de mayo contra la moderna tienda del cercano pueblo de San Juan.

De un carrito de supermercado hizo una suerte de bomba con líquidos inflamables, clavos y pólvora, pero sólo consiguió quemar unos colchones.

Propietario de un pan prehispánico (¿?), se ha opuesto durante 15 años a todo lo que implique un cambio en San Juan, y ve moros con tranchetes en WalMart o los alucina en el proyecto Resplandor Teotihuacano.

Desertor del priismo y el foxismo, Salvador desairó la propuesta del PT y Convergencia para una diputación porque, arguyó, desconfía de un IFE dizque gobernado por las televisoras.

En la cárcel hoy, ¿D’Herrera se dirá “preso político”?

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