A continuación reproduzco un artículo que encontré en la red:
Funcionarios por dedazo
El favoritismo y el compadrazgo en las designaciones de los servidores públicos se profundiza en el primer año de gobierno de Calderón, advierten especialistas. Las metas del Servicio Profesional de Carrera se encuentran estancadas y nuevas disposiciones legales facultan al Ejecutivo para designar discrecionalmente a directores generales, de área y delegados regionales, entre otros
Paulina Monroy
Aspirantes a ocupar una plaza en la administración pública denuncian “anomalías” en los concursos para pertenecer al Servicio Profesional de Carrera (SPC): “Se privilegia a cierto candidato en un proceso que debería regirse por la imparcialidad y la competencia por mérito”.
Acusan que funcionarios hacen todo lo posible para que su elegido gane la plaza: desde acudir a la cláusula de excepción hasta declarar concursos desiertos. Según dicen, el candidato que finalmente es seleccionado no es el mejor preparado ni el de más experiencia.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) debería tener más atribuciones en la elección de candidatos, consideran. No obstante, en septiembre pasado, el nuevo reglamento de la Ley del Servicio Profesional le da más facultades a las dependencias y entidades en la selección de aspirantes.
Con la última reforma aprobada por la Cámara de Diputados, especialistas advierten del riesgo de caer en la discrecionalidad y el pago de facturas. Directores generales, adjuntos y homólogos dejarán de ser sujetos al SPC y serán designados de manera libre.
La Auditoría Superior de la Federación detectó, en la Revisión a la Cuenta Pública 2005 (Contralínea 87), que de 208 concursos, en 79 casos el candidato elegido no fue el mejor evaluado. Además, nueve directores generales y adjuntos resultaron triunfadores “sin acreditar las evaluaciones respectivas”.
Hasta junio de este año, sólo 3 mil 366 funcionarios trabajaron bajo el esquema del Servicio Profesional, cuando son 46 mil los cargos sujetos; sólo 7.3 por ciento de su meta. En total, hay 532 mil 334 puestos en la administración pública.
En desventaja
Arturo Aguilar –con 24 años de experiencia en el área de auditoría y contraloría para la Secretaría de Marina, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Auditoría Superior de la Federación– expone que “mientras a los servidores en activo los preparan continuamente, a nosotros nos dan un temario muy general y nada definido”.
Considera “casi imposible” obtener una calificación perfecta en los exámenes, por lo que “resulta sospechoso que el concursante vencedor alcance ese puntaje”. Y es que sólo el 50 por ciento de los candidatos aprueban las evaluaciones técnicas.
Para ocupar el puesto de titular de auditoría interna en Pemex, el aspirante comenta que aunque fueron siete los finalistas, se declaró desierto. Según Función Pública, de un total de 7 mil 915 concursos realizados hasta diciembre de 2006, se declararon desiertos 2 mil 980.
Un aspirante, quien prefiere omitir su nombre y que ha contendido en casi 40 concursos, opina que el perfil está hecho de acuerdo con el candidato que los funcionarios quieren que triunfe, y a veces ni siquiera está cerca de la carrera administrativa.
El exsubgerente en Afore XXI y en Caminos y Puentes Federales, señala que fue testigo de esas “artimañas”, cuando concursó para una coordinación administrativa en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde requerían antropólogos.
Otra de las “artimañas” utilizadas por los funcionarios para colocar a amigos en puestos de la administración pública, es que los resultados se entreguen en días inhábiles o el mismo día del examen para quedar fuera del concurso. Así le ocurrió cuando la Secretaría de Educación Pública le anunció el sábado 4 de agosto de 2007, por correo electrónico, que había aprobado la capacidad gerencial de liderazgo para la vacante de director de pagos.
En octubre de 2007, cuando compitió para ser subdirector de recursos humanos de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, sus calificaciones sobre habilidades gerenciales fueron borradas, pese a que todavía seguían vigentes.
Además, los candidatos revelan que sin que se celebren todos los exámenes, o incluso durante el filtro curricular, en el sistema electrónico TrabajaEn aparecen quienes tienen todas las calificaciones.
De 2003 a mayo de 2007, la Secretaría de la Función Pública enfrentó 35 juicios de amparo o nulidad sobre la aplicación del Servicio Profesional de Carrera.
Selección descentralizada
David Vega –candidato en el SPC y extrabajador de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria–, interpuso dos inconformidades por resultados obtenidos en procesos de selección.
En la primera, solicitó que fuera revisada la evaluación técnica que presentó para ocupar la plaza de director general de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Secretaría de la Reforma Agraria, pues consideró que la calificación obtenida no correspondió con la real.
Aunque la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal resolvió que se llevaría a cabo el análisis de la prueba en su presencia, determinaron que había reprobado sin que él estuviera presente.
También impugnó el resultado del concurso convocado por el Instituto Nacional de la Pesca para el puesto de director general adjunto de administración. Sin que publicaran el parámetro del puntaje mínimo aprobatorio, se le comunicó que “sus resultados no correspondían al nivel de dominio requerido”.
La calificación alcanzada lo hizo merecedor de ser reactivado en el concurso, por solicitud del Comité Técnico de Profesionalización y Selección del Instituto. En septiembre, el comité verificó que Función Pública todavía no incluía a David Vega en el sistema.
“Exámenes y entrevistas –opina Vega– deberían ser realizados por la Secretaría de la Función Pública y no por cada dependencia, pues se puede prestar a favoritismos y a que las pruebas se hagan a modo”.
Con el nuevo reglamento, publicado el 6 de septiembre, se descentraliza la operación del SPC: facultades ejercidas por Función Pública ahora estarán en manos de cada dependencia.
Así, el Comité Técnico de Profesionalización –formado por el oficial mayor, el titular de Recursos Humanos y el titular del Órgano Interno de Control (OIC)– será el responsable para perfilar y registrar los puestos del catálogo. También podrá emitir las reglas de valoración y puntuación general.
La evaluación de conocimientos y habilidades dependerá del Comité Técnico de Selección, integrado por el superior jerárquico inmediato de la vacante, el titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación del OIC y el titular de Recursos Humanos.
Podrá emitir los puntajes mínimos, las reglas específicas de valoración, los criterios para la evaluación en las entrevistas y el fallo final. Además, el artículo 74 de la ley faculta al superior jerárquico de la vacante para vetar al candidato.
Servidores sin mérito
En 2006 se constituyó y desapareció el sistema por internet TrabajaEn Órganos de Vigilancia y Control (OVC). Ni con sus 24 años de labor en el área de auditoría y contraloría, Arturo Aguilar consiguió la plaza por la que había concursado. Apenas le anunciaron que estaba entre los finalistas. Inmediatamente, cesaron el sistema.
El extrabajador de confianza contendió para ser el titular de auditoría interna en la Comisión Nacional del Agua y en Pemex; no obstante TrabajaEn OVC sólo realizó hasta una cuarta convocatoria y con la entrada de Felipe Calderón se canceló.
Germán Martínez, entonces nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, anunció que por acuerdo se derogaban los lineamientos para realizar concursos y correspondería a la entidad la designación de vacantes.
Aguilar considera que se colocaron contralores que no tenían el perfil para ocupar esos cargos: “No califican experiencia ni currículo. Vi candidatos que ni siquiera habían trabajado en la administración pública. En ocasiones, los ganadores no pueden comprobar sus antecedentes y son rechazados”.
David Vega cita el caso de Gustavo Cárdenas, coordinador de apoyos en Aserca, cuya única experiencia en el agro –según su ficha curricular– es ser miembro de la Confederación Nacional Campesina.
Pero el gobierno federal también acude a la cláusula de excepción. Según una nota publicada el 17 de junio por Arturo Ramos en el diario Milenio –basada en documentos de la SFP–, de diciembre de 2006 a abril de 2007 fueron directamente asignadas mil 98 plazas que debieron ser sometidas a concurso.
El artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera permite los nombramientos temporales “cuando peligre o se altere el orden, los servicios públicos y la seguridad como consecuencia de desastres naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor; o existan circunstancias que provoquen pérdidas o costos adicionales”.
La Secretaría de Desarrollo Social realizó 48 cambios emergentes en 2006. Para junio de 2007 ya habían aumentado a 181. Entre 2005 y 2006 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecutó 30 nombramientos y en el primer semestre de 2007 llegó a 60.
Durante 2005, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó 15 asignaciones de emergencia; pero con la llegada de Calderón superaron las 50. En los primeros seis meses de este año, la Secretaría de Turismo realizó 20 designaciones, cuando de 2005 a 2006 sólo hubo cuatro.
David Vega menciona que a los servidores temporales se les capacita para que sólo ellos aprueben los exámenes y, “hasta que no califiquen, se repiten los concursos”.
Con las modificaciones al Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, Vega asegura que no se divulgaron convocatorias para las plazas ocupadas temporalmente. Ello, con el fin de contar con los 10 meses de aplazamiento que otorga la nueva disposición.
También Aguilar dice que la mayoría de los candidatos con los que concursó para plazas de director general trabajaban bajo la cláusula 34. No obstante, el nuevo reglamento le dio más restricciones.
Preparación deficiente
Omar Guerrero, en el artículo “El Servicio Profesional de Carrera en México y sus problemas de formación académica”, publicado en la revista Buen Gobierno, expone que aunque la Constitución ordena que se establezcan escuelas de administración pública, ello no se ha cumplido.
“El gobierno actual da la espalda al sentido de la carrera administrativa como una institución de Estado. No hay una formación gerencial suficiente, sino la supervivencia de un régimen burocrático, clientelar y patrimonialista”, opina el docente del Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM.
Para capacitar a los servidores públicos, se formó @Campus. En entrevista, Guerrero considera que el diseño es deficiente, pues fue hecho con base en procesos restrictivos de enseñanza y mal formulados que no palian las diferencias.
Agrega que gracias a estos sistemas fast track hay directores de área y generales sin título profesional o sin siquiera tener estudios de licenciatura. El académico estima que existen 300 funcionarios del SPC sin licenciatura y otros 200 más sin haberla concluido.
Recuerda cómo al inicio de la gestión de Vicente Fox se reclutaron servidores públicos a través de head hunters: “La configuración del SPC deja ver el neoliberalismo vigente en el país. Actualmente se siguen admitiendo egresados de las escuelas de negocios más que de ciencias políticas o administración pública”.
Además, la preferencia –refiere Guerrero– es para los funcionarios: “El SPC es partidista, pues se formó con la idea de dejar a los servidores públicos nombrados por el Partido Acción Nacional (PAN) de manera perpetua”.
Por sí solo, el reglamento establece que para determinar quién ganará la plaza, el Comité de Selección debe considerar que tendrán preferencia los servidores públicos de la misma dependencia.
El 12 de febrero pasado, el senador Ricardo Monreal Ávila denunció que a partir del 1 de diciembre de 2006 se efectuaron múltiples despidos a funcionarios sin justificación aparente.
Monreal Ávila declaró que estas remociones tenían como finalidad cubrir una larga lista de pago de facturas políticas. Por ello, dijo que solicitaría un informe detallado de cada una de las bajas y altas que causó el personal de administración pública.
Reforma y riesgos
Con 335 votos a favor en la Cámara de Diputados, la reforma al artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera determina que los cargos de director general, sus adjuntos, delegados regionales, homólogos y equivalentes sean considerados rangos de libre designación.
Excluidas de ser concursadas, las vacantes –hasta ahora las de mayor jerarquía en el SPC– dependerán del nombramiento del Ejecutivo federal. Así, el poder Legislativo redujo el catálogo de puestos a director y subdirector de área, jefe de departamento y enlace.
En 2006, los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional elaboraron iniciativas en ese sentido. La primera, de la fracción perredista, fue rechazada porque en aras de la contienda electoral se despejarían puestos que serían indispensables para el PRD.
La segunda fue finalmente aprobada. Carlos Rico, diputado priista, justificó que su propuesta impulsaría un equilibrio entre conocimiento y lealtad con las políticas públicas del gobierno en turno: “Es necesidad legítima de los dirigentes políticos ser asesorados por personas de su completa confianza”.
Jesús Evodio Velásquez, secretario de la Comisión de la Función Pública, explica que se evita la duplicidad de funciones y se combate la discrecionalidad: “Se busca que los mandos directivos sean personas de confianza del Ejecutivo, de lo contrario continuarían introduciendo a funcionarios que sin tener el cargo, lo ejercen”.
Subraya que así lo requiere la importancia del puesto, pues se trata de “darle al Ejecutivo la certeza de que se pueda coordinar el área de mandos directivos, que distribuyen y ocupan recursos de la federación”.
Omar Guerrero explica que un gobierno debe contar con servidores públicos ligados a sus proyectos de partido, que coincidan con su doctrina e ideología, pues se trata de modelar al país.
No obstante, también advierte que bajo el criterio de confianza se pueden designar a servidores incompetentes: “Nombrar a una persona por simpatía o amistad es una fórmula para crear un régimen de botín o para colocar militantes que participaron activamente en campaña”.
Añade que el ciudadano debe estar convencido que el servidor será de confianza porque “sus actitudes y profesionalismo lo colocan adecuadamente en el puesto y no por simpatía, parentesco o amistad con el jefe inmediato”.
Fortuna solicitó entrevista en la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, en la dependencia que encabeza Salvador Vega Casillas no hubo quien quisiera hablar sobre el tema.
| Certámenes en números Solicitudes: 1 millón 500 mil 346 Candidatos registrados: 253 mil 856 Candidatos que han concursado: 106 mil 884 Concursos realizados: 7 mil 915 Concursos ganados: 3 mil 996 Concursos en proceso: 811 Desiertos: 2 mil 980 Información hasta diciembre de 2006. Fuente: Secretaría de la Función Pública |
Información hasta diciembre de 2006. Fuente: Secretaría de la Función Pública |
Funcionarios en la administración pública federal: 532 mil 334
Cargos sujetos al Servicio Profesional de Carrera: 46 mil
Servidores que laboran bajo el esquema del SPC: 3 mil 366, apenas 7.3 por ciento de la meta
Concursos realizados durante 2006: 7 mil 915
Declarados “desiertos”: 2 mil 980
Juicios de amparo o nulidad que ha enfrentado la SFP desde 2003 por irregularidades en la aplicación del SPC: 35
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